Jose Luis Rubio

Jose Luis Rubio

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Nov 25 2021

MANIFIESTO 25N

+ Protección para las víctimas + Servicios Públicos + Derechos laborales: 12 propuestas para erradicar las violencias machistas

Para FeSMC UGT y UGT Servicios Públicos la violencia de género es una lacra social cuya erradicación debe ser una prioridad para el conjunto de la sociedad. El derecho a vivir una vida sin violencia requiere de la implicación de todos los agentes sociales.

Gracias a la movilización y denuncia impulsada por el movimiento feminista, organizaciones sociales, sindicales y políticas, las instituciones han promovido diferentes legislaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de erradicar la violencia de género. Cabe destacar la pionera aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, unida al “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” (2017), como la ratificación de legislación internacional, concretamente el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” (Convenio de Estambul- 2014), así como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW-1983). Se ha mostrado así el compromiso institucional para generar marcos legislativos que posibiliten impulsar acciones para el avance hacía una sociedad sin violencia.

Para la efectividad de dichos marcos jurídicos, el compromiso de las instituciones debe traducirse en un sistema de actuación y coordinación integral que se haga efectivo a través de la dotación de recursos, de instituciones con capacidad de impulsar, coordinar y diseñar políticas públicas, de la sensibilización, información y formación del conjunto de agentes implicados y de la evaluación de las respuestas diseñadas para poner fin a la violencia.

Para FeSMC UGT y UGT Servicios Públicos es fundamental garantizar respuestas eficaces y de calidad a las mujeres que sufren violencia de género y acuden a los servicios públicos en busca de recursos para salir de dicha situación.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde FeSMC UGT y UGT Servicios Públicos queremos poner el foco y exigir:

  1. Mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como asegurar su continuidad con carácter permanente, más allá de su fecha de finalización en septiembre de 2022, como política gubernamental básica en la lucha contra la violencia machista.
  2. La realización de campañas de sensibilización, información y prevención educativas dirigidas al conjunto de la sociedad para la identificación, tratamiento y reparación de todas las formas de violencia machista, de modo que se posibilite la eliminación de los principios y creencias que la perpetúan.
  3. La superación del modelo de intervención asistencial existente, fomentando la autonomía, a todos los niveles (personal, económico, social) de las mujeres víctimas de violencia machista, mediante la mejora de las medidas diseñadas, así como de los recursos destinados a acabar con la violencia machista.
  4. La necesidad de fortalecer los recursos destinados a la atención a las víctimas de violencia machista. Así es necesario también reforzar los mecanismos de coordinación de la red de servicios multinivel (estatal, autonómico y local), existentes, de modo que la atención a las mujeres que sufren violencia de género tenga el carácter integral que necesitan.
  5. El aumento de los recursos públicos para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género, garantizando el acceso a recursos especializados.
  6. El empleo es esencial e imprescindible para prevenir y combatir la violencia de género. Es necesario mejorar y lograr la inserción laboral y un empleo de calidad para las víctimas de violencia de género.
  7. Los centros de trabajo deben ser lugares seguros y libres de violencia siendo fundamental introducir en la negociación colectiva, así como en los planes de igualdad, garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, que vayan desde el desarrollo de protocolos a la implementación de medidas tales como: apoyo psicológico, médico y jurídico especializado, así como facilitar permisos retribuidos que eviten una merma económica.
  8. Sensibilizar y formar contra la discriminación y las violencias machistas a través de formación específica para quienes negocian convenios colectivos
    y planes de igualdad
    , tanto en el ámbito sindical como empresarial.
  9. Los servicios públicos destinados a erradicar la violencia de género deben ser de prestación directa por parte de la administración de modo que se posibiliten las mejores respuestas de intervención y actuación ante esta lacra. Si bien, ante la externalización de estos servicios, no debe permitirse la precarización de las condiciones laborales, debiendo garantizarse condiciones dignas y adecuadas a la labor cualificada desempeñada.
  10. Especialización de los agentes privados y del tercer sector, que participan, junto con la Administración, en la red de servicios de atención a las víctimas de violencia machista, de forma que estén alineados con las políticas públicas en materia de igualdad garantizando la calidad de los servicios.
  11. Los pliegos de condiciones que rigen los contratos públicos de los recursos de atención a la violencia de género deben disponer de cláusulas que combatan la precariedad laboral, temporalidad y rotación del personal. Además de encuadrar los puestos de trabajo como trabajo cualificado, y no en categorías laborales no cualificadas, como ocurren actualmente lo cual supone una merma en la calidad del servicio prestado.
  12. Mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género, que se han puesto en marcha en el marco del
    desarrollo de medidas de protección integral, mediante la formación e información de las trabajadoras y trabajadores en los servicios públicos implicados en la respuesta a la violencia de género.

FeSMC UGT y UGT Servicios Públicos consideramos que la acción sindical, la formación y la sensibilización para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es fundamental, tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general. Nuestro compromiso es claro para conseguir, día a día, transformar nuestro ámbito de acción en lugares seguros y libres de violencia y para ello colaboraremos con todos los agentes sociales implicados.

Nov 23 2021

Las organizaciones sindicales FSIE, FEUSO, UGT Servicios Públicos y FECCOO, en el marco de la mesa negociadora del VII Convenio, planteamos hace unas semanas a las organizaciones patronales la necesidad de adecuar el nuevo SMI para las categorías profesionales cuyo salario base coincidía con dicho salario.

Este ha sido el criterio que se ha venido acordando pacíficamente por todas las organizaciones firmantes del VII Convenio en las tablas salariales en las dos ocasiones anteriores que subió el SMI.

Ahora la patronal nos sorprende con una negativa a seguir aplicando lo mismo que ha venido haciendo y sostiene que si las retribuciones totales están por encima del SMI (965) no es necesario realizar subida alguna.

Obviamente no estamos de acuerdo con este cambio de criterio que hasta la fecha se venía acordando y que repercute de forma negativa en las personas con salarios más bajos y vulnerables del convenio.

Esta situación creada por la patronal supone un punto de inflexión de la armonía y confianza mutua entre las partes negociadoras, que no hace mucho tiempo fuimos capaces de llegar a un acuerdo y firmar el VII convenio colectivo.

Las organizaciones sindicales somos conscientes y hacemos nuestra la necesidad de que la Administración garantice la gratuidad de la enseñanza ajustando los módulos económicos al coste real del puesto escolar, pero sin tener que repercutir las consecuencias de esta insuficiencia en los colectivos más desfavorecidos.

Vamos a seguir defendiendo nuestra posición que es la misma que se ha vendido llevando a efecto hasta este inesperado cambio.

Nov 19 2021
  • Todos los presidentes de las grandes empresas públicas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comparecen en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión, menos el presidente de Correos, escapándose del control parlamentario en el Congreso de los Diputados.
  • Hasta tres grupos parlamentarios han solicitado su comparecencia para que dé cuenta de su gestión del servicio público de Correos.
  • CCOO y UGT aseveran que el presidente de Correos no quiere dar cuenta de su nefasta gestión en Correos dónde ha recortado la plantilla media en más de 7.000 empleos, ha rebajado las condiciones laborales de los trabajadores/as y ha empeorado el servicio público que presta a la ciudadanía.
  • Una gestión por la que cobra 200 mil € al año y que debería obligarle a comparecer ante la soberanía popular

Con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, todos los presidentes de las grandes empresas públicas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comparecen en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión -como RENFE, AENA ADIF, PUERTOS DEL ESTADO y ENAIRE-, todos ellos/as menos el señor Serrano, presidente de Correos, que, una vez más, se ha negado a comparecer y ha vuelto a esconderse por tercer año consecutivo, escapándose del control parlamentario del Congreso de los Diputados.

Este año hasta tres grupos parlamentarios (Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y el Grupo Plural) han vuelto a solicitar sin éxito su comparecencia en las comisiones parlamentarias sobre los Presupuestos Generales del Estado. Para CCOO y UGT el presidente de Correos tiene mucho que ocultar, y por eso se niega a comparecer para dar cuenta de su nefasta gestión al frente de la empresa pública, que desde que asumió su dirección ha perdido cerca de 500 millones de euros, ha recortado la plantilla media en más de 7.000 personas y ha rebajado las condiciones laborales de los trabajadores/as de la empresa, provocando una notable disminución de la calidad del servicio postal que presta Correos.

Todo ello mientras su presidente, el Señor Serrano, cobra uno de los sueldos más altos de toda la Administración del Estado y de sus empresas públicas, cerca de 200.000 euros al año, que deberían incluir la obligación de dar la cara al menos de vez en cuando ante los grupos parlamentarios que representan la soberanía popular.

UGT y CCOO denuncian que, si el Gobierno no remedia esta situación, Correos, la mayor empresa pública de este país y con más de 300 años de historia, corre el riesgo de desaparecer como un servicio público esencial y de perder miles de puestos de trabajo.

Nov 18 2021

El profesorado español dedica más tiempo a impartir clases, en detrimento de otras actividades docentes, que sus homólogos de la OCDE o de la UE22. En Educación Infantil y Primaria el porcentaje de horas de enseñanza directa es de un 61,1%, mientras que sus colegas de la OCDE dedican un 50,9% y los de la Unión Europea un 48,4%.

En Secundaria inferior -los tres primeros cursos de la ESO- ese porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total es de un 47%; en tanto que en Secundaria superior -4º de la ESO y los dos cursos de Bachillerato- es de un 49%. Ambos porcentajes vuelven a estar por encima de las medias de la OCDE y de la UE22, tanto en Secundaria inferior (OCDE 45,9%; UE22 42,1%) como en Secundaria superior (OCDE, 43,1% y UE22, 40,2%).

Así se desprende de un estudio del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, que denuncia que la sobrecarga de horas lectivas dificulta que el profesorado pueda dedicar más tiempo a otro tipo de actividades que tienen una gran repercusión en la enseñanza, como son la atención a las familias, la participación en proyectos de innovación educativa, tutorías, preparación de clases, correcciones, cursos de formación, reuniones o, por ejemplo, tutorización de profesores noveles.

UGT denuncia que el aumento de horas lectivas con que se ha sobrecargado al profesorado en los últimos años, unido al aumento de las ratios, afecta tanto a la calidad educativa como al proceso de aprendizaje del alumnado, además de implicar la reducción del número de docentes necesarios para garantizar dicha calidad.

Dado que la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, deja establecer a las Administraciones públicas la parte lectiva de la jornada docente, la recomendación de un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de un máximo de 18 horas en los centros de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial no ha sido tenida en cuenta en todos los territorios, donde existen marcadas diferencias en cuanto a su aplicación. 

Por ello, UGT sigue reclamando la reducción a 20 horas lectivas semanales para los docentes de Infantil y Primaria y un máximo de 18 horas semanales en Secundaria, con el fin de alcanzar un mayor equilibrio en el número de horas de atención directa al alumnado para poder disponer de más horas de preparación, evaluación, coordinación o formación. Esto ayudaría a prevenir el desgaste que supone el excesivo número de horas de docencia directa, lo que redundará tanto en la calidad de la enseñanza y de la atención que recibe el alumnado como en la salud laboral de nuestros docentes y en la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo.

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos reclama la jornada laboral máxima de 35 horas y que dentro de ese horario el profesorado pueda disponer de una mayor dedicación a otras funciones que son tan imprescindibles como las lectivas, y que han de redundar en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo.

UGT Servicios Públicos también considera inaplazable la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes desde los recortes del 2010. Desde entonces, las diferencias entre los salarios de los docentes españoles y los de la OCDE y la UE22 no han hecho más que aumentar. Si a partir de 2014 se recuperaban los niveles anteriores a la crisis en la media de la OCDE y de 2015 en la UE22, en España aún no lo hemos logrado, a pesar del aumento producido a partir del año 2018, gracias a la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público, fruto de la negociación del Gobierno con UGT y otras organizaciones sindicales. 

Mayores de 55 años

En relación con la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, dado que no tiene carácter básico en la LOE y su desarrollo depende de cada comunidad autónoma, existen diferencias muy significativas entre ellas. El acuerdo básico de 20 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Educación y los sindicatos creó una serie de expectativas que, lamentablemente, no han llegado a cumplirse. 

UGT defiende la reducción voluntaria de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, sin reducción de haberes. Esta medida, que además de generar puestos de trabajo posibilitaría el acceso de jóvenes al mundo laboral, no debería estar supeditada a las necesidades del centro educativo, como sucede en la actualidad. Las Administraciones educativas deben dotar a los centros de personal docente suficiente para que ninguno pueda quedar excluido de este derecho.

Función tutorial

La función tutorial también cuenta con un gran número de variables tanto si comparamos unas comunidades autónomas con otras como si nos referimos al nivel de enseñanza. No solo el número de horas de dedicación del profesorado a la función tutorial varía, sino también la consideración de ser remuneradas o no y las cantidades económicas que perciben los profesores.

UGT, para la que es imprescindible que se refuerce y se potencie la función tutorial, recuerda que en el artículo 105 de la LOE se señala que las Administraciones educativas deben favorecer su reconocimiento mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos. Dada la importancia de esta labor, reclamamos a las distintas Administraciones educativas que adopten las medidas necesarias para lograr ese reconocimiento.

Los incentivos deben ser tanto de carácter económico como profesional, y pueden ir desde la disposición de horas lectivas para realizar adecuadamente esta función, hasta contemplar la tutoría como mérito en todos los procesos administrativos, pasando por el reconocimiento económico en todas las comunidades, con complementos por acción tutorial que retribuyan el esfuerzo y la dedicación a esta tarea.

Debido a la complejidad de los centros y de sus proyectos educativos, el profesorado viene desempeñando funciones y/o labores docentes que no están contempladas en ninguna norma y que necesitan una dedicación especial. Por ello, UGT exige el reconocimiento de dichas tareas con compensaciones tanto económicas como horarias para aquel profesorado implicado en las mismas. 

Nov 18 2021

A fecha de octubre de 2021, el balance es de 7.835 siniestros: 5.227 conatos y 2.608 incendios forestales, con una superficie afectada de 85.959 hectáreas, cifra bastante más elevada que en 2020.

Para hacer balance del periodo y analizar los factores que influyen en este incremento han ofreciodo una rueda de prensa con el responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio, y la Secretaria de Local y Autonómica, Joana Mor.

El sistema descentralizado español de la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, así como el apoyo a las contingencias en el medio natural y rural, hacen que cada comunidad diseñe un plan INFO para su territorio, encontrando sistemas públicos, mixtos o totalmente externalizados a empresas privadas. "Este es uno de los graves problemas que afronta el colectivo: la heterogeneidad", ha afirmado Ángel Rubio.  "Es imprescindible que el gobierno establezca herramientas legales que acaben con las diferencias que tienen estos sectores entre los diferentes territorios, y que pasa por la aprobación de Leyes Básicas de regulación para cada uno de los colectivos, que actualmente se llevan trabajando desde hace más de un lustro".

"Nos encontramos con dispositivos de Bomberos Forestales totalmente desiguales, que abren la brecha en las condiciones laborales, sociales y económicas dependiendo de la comunidad a la que se pertenezca. En muchos puntos con una falta clara de regulación que abocan a la temporalidad, situando esta cerca del 24%. Así hay territorios que cuentan con  más de un 30% y otros que se sitúan en un 17%. Así tenemos con Murcia fijos discontinuos y 60 temporales"

"Nuestro lema es que los incendios se apagan en invierno", ha manifestado Joana Mor. "La prevención es la que evita las catástrofes". "Desde UGT hemos pedido la coordinación de los medios, la ley básica de bomberos forestales es un compromiso del Gobierno que no puede esperar. "El trabajo no puede ser sinónimo de muerte, cada vez son más frecuentes los accidentes por falta de efectivos técnicos, nos resulta intolerable".

"La elevada siniestrabilidad es otra cuestión de vital importancia, y que se resolvería con la otorgación de los coeficientes Reductores y Edad de jubilación anticipada tal como estipula el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, que el único sindicato que lo tiene reclamado es UGT, y nada menos que desde el año 2014. Este hecho frenaría de una vez por todas tener a personal por encima de los 60 años de edad en primera línea de fuego, o realizando trabajos preventivos en las complicadas zonas de trabajo y en las durísimas condiciones climatológicas que se realiza" ha apostillado Ángel Rubio.

CONSULTA EL INFORME COMPLETO

Nov 17 2021

En respuesta a una carta conjunta remitida por UGT Servicios Públicos y CSIF la semana pasada, el Ministerio de Hacienda reconoce sus compromisos y convocará inmediatamente una reunión con los sindictos

UGT Servicios Públicos espera que el Ministerio de Función Pública cumpla el compromiso, adquirido por la secretaria de Estado de Función Pública, Lídia Sánchez, de convocar de manera inminente  a los representantes sindicales para abordar la negociación de las condiciones laborales de los empleados Públicos. Lidia Sánchez, en respuesta a una carta conjunta  que UGT Servicios Públicos y CSIF remitieron a la secretaría de Estado, ha reconocido que es prioritario concentrar los esfuerzos para avanzar en la negociación.

UGT Servicios Públicos exigió, mediante la carta remitida el pasado jueves, que se concretase inmediatamente un calendario de negociación para avanzar, a través del diálogo, en las materias que redundan en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones Públicas, tal como recoge el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindictos el 5 de julio de 2021.

Dos meses después, aún no se han iniciado las conversaciones y se mantienen paradas diversas materias contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entre ellas temas tan importantes como la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. El Gobierno sigue sin aportar ni un borrador, a pesar de haber sido anunciado su desarrollo inmediato por los anteriores titulares del ministerio de Función Pública, Carolina Darias y Miquel Iceta.

Esta parálisis se extiende también a colectivos como Instituciones Penitenciarias y la Administración de Justicia. Desde febrero, los funcionarios de prisiones siguen a la espera de que el Gobierno, tras finalizar las negociaciones, proponga una Ley de Cuerpos que incluya la reclasificación de los centros.  En cuanto a la Administración de Justicia, el Ministerio de Hacienda mantiene bloqueado un acuerdo cerrado con el de Justicia que, por fin, avanzaba en la homologación con las Comunidades Autónomas transferidas.

Nov 15 2021

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha enviado una carta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la que reclama la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada.

En la misiva, UGT le recuerda a la ministra la necesidad de incorporar a la figura jurídica del ‘pago delegado’ al Personal de Administración y Servicios Generales, al Personal Complementario, así como a la totalidad de trabajadores con independencia de la figura profesional en que desempeñe su puesto de trabajo en los centros concertados ordinarios, de Educación Especial y de Educación Infantil, siempre que esté subvencionada. El sindicato también rememora que UGT fue valedora y pionera en la reivindicación del pago delegado durante la década de los ochenta del siglo pasado.

La carta precisa que son varios los aspectos que recoge la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que afectan al profesorado y que requieren un diálogo y negociación entre Administración, sindicatos y patronales que permita llegar a acuerdos para su concreción y aplicación en todo el Estado.

Por ello, es necesario que se establezcan unos acuerdos que eviten desigualdades entre territorios y, por supuesto, mejorar el sistema educativo y el conjunto de las relaciones laborales en el sector de la Enseñanza Concertada.

Por tanto, y en su afán por defender los derechos de los trabajadores del Sector de la Enseñanza, UGT Servicios Públicos solicita al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria urgente de la Mesa sectorial de la Enseñanza Concertada.

Nov 15 2021

NOTA DE PRENSA UNITARIA

ANUNCIO DE NUEVAS MOVILIZACIONES
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO
DEL CORREO PÚBLICO ESPAÑOL

CCOO Y UGT EXIGEN AL GOBIERNO QUE NO DEJE FUERA A CORREOS
DE LA AGENDA SOCIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS

  • CCOO y UGT denuncian que, tras tres años al frente de Correos, se ha demostrado el fracaso rotundo de la gestión de Serrano, que ha colocado a Correos en los mayores déficits de Correos en su historia, con casi 500 millones de pérdidas en ese periodo y colocado a la compañía pública con 000 empleos menos a consecuencia de la caída de actividad.
  • Para CCOO y UGT, el presidente lidera un plan de desguace de Correos con cierre de centros y trasvase de actividad y empleo a favor de Correos Express y otras filiales, primando los intereses personales políticos y empresariales sobre los intereses generales de la ciudadanía.
  • Ambas organizaciones piden al Gobierno que deje de avalar con su pasividad a quien está colocando a Correos en un punto crítico de difícil retorno, tome las riendas del diálogo social postal y aborde el debate de un modelo postal público con financiación suficiente y que garantice la cohesión social y
  • CCOO y UGT creen que es en el marco de un consenso sobre el modelo postal público en el que se debe promover la negociación de un nuevo Acuerdo Plurianual, que mejore el actual Convenio Colectivo y acabe con la devaluación salarial, de empleo y derechos que el plan de desguace está

CCOO y UGT sindicatos mayoritarios de Correos, iniciamos en la primavera pasada un proceso de movilizaciones contra el desmantelamiento que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está llevando a cabo a través de un Plan de desguace que busca el desmantelamiento del servicio público postal de nuestro país y del operador público, Correos, que lo presta, apostando por una reconversión productiva y de gestión que, abandonando lo postal -su mayor fuente de financiación actual-, lo convierta en un operador logístico puro que pone los intereses de unos pocos (intereses privados, especulativos y de negocio, incluidos los del propio presidente de Correos para su proyección personal) por encima de los intereses generales de la ciudadanía.

Para CCOO y UGT, la aversión de Serrano hacia lo público, avalada por la pasividad del Gobierno de nuestro país, queda reflejada en el tijeretazo que ha sufrido la financiación del SPU en los dos últimos años en los PGE (los aprobados en 2021 y los que se van a aprobar en 2022), un total de 110 millones de euros, el 50% de los 220 que CCOO y UGT acordaron en 2018 con el entonces Ministerio de Fomento, la cuantía más baja de la reciente historia de Correos. Una cuantía claramente insuficiente y en dirección contraria a la vertebración social, política y económica y de reversión de la España vaciada que necesita nuestro país tras la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia y también de la agenda social y de recuperación aprobada recientemente por el Gobierno.

La operación de debilitamiento del servicio público postal también queda reflejada en el desmontaje del operador público, Correos, que se está llevando a cabo en fases sucesivas mediante el cierre de centros, el abandono de proyectos reales sustituidos por productos “estrella” meramente mediáticos, al servicio del autobombo personal y político del presidente, que se han traducido en pérdidas continuas para la compañía pública, el trasvase de actividad y de empleo desde la matriz a la filial Correos Express, para lo que se han creado modelos organizativos “ad hoc” idénticos entra la matriz y la filial que lo faciliten (modelo de oficinas, logístico y de reparto).

Para CCOO y UGT el modelo de desmantelamiento está implicando una precarización y devaluación sin precedentes de las relaciones laborales mediante recorte de plantilla -7.000 trabajadores/as-, contratos a tiempo parcial -23% de la plantilla-, pérdida salarial, cambios ilegales de turnos, jornadas y horarios, reestructuraciones no negociadas de centros, “exterminio” de jefaturas y directivos no afines al “régimen”, entre otras, cuya reversión exigen ambas organizaciones para ir a un modelo de calidad de empleo, que responda a la calidad de servicios que demanda la ciudadanía. Tras tres años al frente de la compañía, la realidad de Correos es muy diferente a la que vende Serrano en grandes campañas en los medios de comunicación, en las que ha invertido hasta 300 millones. Correos pierde actividad a ritmos acelerados, inmerso en proyectos de diversificación que solo han provocado pérdidas, en una internacionalización sin dirección alguna, cuyos resultados deficitarios se ocultan, con 7 mil empleos menos (de 55 mil en 2018 a 48 mil en 2021, camino de los previsibles 46 mil en 2022), y una cuenta de resultados que refleja pérdidas de casi 500 millones desde que Serrano está al frente de la compañía, con previsiones para 2022 de otros casi 100 millones de euros, aunque las estimaciones de CCOO y UGT son de hasta los 200 millones.

Para CCOO y UGT el “modelo Serrano” ha demostrado su inviabilidad, su insolvencia y su fracaso sin paliativos, lo que debe hacer reflexionar al Gobierno sobre la necesidad de no seguir avalando por pasiva porque ni trabajadores/as ni ciudadanos/as lo entenderán a escasamente un año y medio de las siguientes elecciones generales, autonómicas y municipales. Y no lo entenderán porque difícilmente podrán aceptar que se esté poniendo el interés particular de Serrano, de personas ocultas ajenas al interés general que representa Correos y de algunos otros intereses económicos y financieros que esperamos afloren, todos ellos por delante de los intereses generales del país, lo que contradice la voluntad expresada por el Gobierno en la reciente publicada agenda social para la recuperación de nuestro país tras la pandemia en la que los servicios públicos, incluido Correos ha jugado un papel esencial.

Por todo ello, CCOO y UGT han instado al Gobierno de Coalición a realizar una reflexión, sería y rigurosa, para no dejar al Correo Público fuera de la agenda política de la recuperación. Si el servicio público postal y sus empleados/as públicos postales fueron clave para la superación de la pandemia, lo deben ser también para la recuperación social y económica del país. En el marco de esa reflexión, CCOO y UGT también han instado al Gobierno a rectificar el rumbo errático actual y a tomar las riendas de la situación de emergencia que vive Correos para, ante la evidente ausencia de modelo postal, poder discutir a fondo el MODELO POSTAL PÚBLICO QUE MERECE NUESTRO PAÍS en términos de vertebración social, económica y política, de recuperación y transformación y resiliencia, y de salida justa de la crisis, con financiación suficiente y estable del servicio postal universal (220 M €, frente a los 110 de la LPGE-2021 y 2022), garantizando la cohesión social y la calidad del servicio postal universal que exige la ley en todo el territorio, atendiendo las necesidades de la España vaciada, impulsando un proyecto de empresa pública estratégica, moderna, eficiente y competitiva, con un verdadero plan estratégico a cinco años que incluya un potente plan de inversiones, y, en el marco de dicho modelo, impulsando la negociación de un ACUERDO PLURIANUAL que propicie la mejora empleo, el salario y derechos de calidad para una prestación de servicio público también de calidad, acabando con la fase de precarización y devaluación del desguace postal del presidente Serrano.

Para CCOO y UGT, llevarse por delante un servicio público de más de 300 años, perjudicando a trabajadores/s, ciudadanía y a la propia sociedad, siempre encontrará en frente a CCOO y UGT y justifica sobradamente los casi 6 de meses de movilización sostenida y sostenible que iniciaron este mismo mes y finalizarán en marzo-abril y que combinará varias acciones (rodadas postales, concentraciones, desayunos, acción parlamentaria, sensibilización social, etc., …).

Leer UGT comunicado unitario

Nov 15 2021

UGT Servicios Públicos valora el compromiso de la Administración de crear un grupo de trabajo para actualizar las funciones del personal estatutario (TCAEs, celadoras/es, enfermeras/os, etc).

UGT Servicios Públicos ha denunciado la falta de iniciativas del Ministerio de Sanidad para abordar el problema de la temporalidad en el sector. Al término de la reunión sobre Temporalidad, Ana Francés, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Servicios Públicos ha señalado que la Administración “sigue muda, sin presentar ninguna propuesta formal para comenzar una negociación seria, rigurosa y continua en una materia que no admite más demoras”. ”Es una situación insostenible por la gran cantidad de profesionales afectados, por la situación por la vigencia del Real Decreto Ley 14/2021 y por la presión judicial” ha añadido la responsable sindical.

UGT advierte que esta segunda reunión del grupo de trabajo de temporalidad del Ámbito de Negociación Estatal, ha finalizado sin ningún avance, “mientras” el plazo de adaptación previsto en el Real Decreto Ley 14/2021 sigue corriendo. Es preciso que la continuidad de los trabajos sea mayor, centrándose en la adaptación de artículo 1 del citado Real Decreto Ley. Cuatro meses después de la entrada en vigor de dicho RDL, son inadmisibles los retrasos de los desarrollos de los procesos de estabilización derivados de los años 2017 y 2018 y que sean los tribunales quienes marquen el paso en la materia. El sindicato exhorta al ministerio a iniciar una negociación real en la materia y dejar de dilatar los plazos. 

Aunque la tramitación parlamentaria puede tener consecuencias sobre los nuevos procesos de estabilización, no puede usarse como excusa para demorar la modificación normativa del Estatuto Marco y su adaptación a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en sus artículos 10, 11 y Disposición adicional 17ª, pues son escasas las enmiendas que se han presentado al respecto.

Además, aprovechando la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, desde UGT Servicios Públicos hemos solicitado que Sanidad presione al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para suprimir la tasa de reposición en el ámbito del personal estatutario de los Servicios de Salud. La previsión del 120%, aunque mejora la del año anterior, aún resulta insuficiente.

UGT Servicios Públicos ha valorado positivamente que la Administración haya admitido la continua  exigencia del sindicato y se haya comprometido a crear y convocar, para finales de noviembre, un grupo de trabajo que emane del Ámbito de Negociación, para abordar la actualización de las funciones del personal estatutario (TCAEs, celadoras/es, enfermeras/os, etc).