Abr 19 2018

 

     

El Ministerio de Hacienda y Función Publica divulgó este sábado el listado de admitidos y excluidos a diversos procesos selectivos del Estado. En este documento también se incluía la fecha, la hora y el lugar de realización del primer examen. El problema es que miles de admitidos comprobaron entonces que las pruebas de auxiliar y administrativo de la administración del Estado se llevarán a cabo el mismo día y a la mis hora. “El temario es muy similar, por lo que muchos nos preparamos el más amplio (administrativo) y con él nos podemos presentar a ambas”, explica Marta, una de las aragonesas que tendrá que decidir entre presentarse a un examen u otro.

Una situación que vivirán las cerca de 1.000 personas que están inscritas en ambas pruebas en Aragón. Según el listado de admitidos publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, alrededor del 75% de los aceptados para realizar el examen de administrativo también se encuentran en el listado correspondiente a la escala de auxiliar (que es de menor categoría). “Tal y como se puede comprobar en el artículo 3.5 de la convocatoria, esta decisión es legal; otra cosa es que no sea ni justa ni ética”, sostiene Antonio Barco, secretario del sector de la Administración General del Estado de UGT Aragón.

Barco asegura que nunca antes habían coincidido los dos exámenes. “No estamos de acuerdo con esta decisión, ya que entendemos que es necesario facilitar la participación de todas las personas y no excluirlas del proceso selectivo como se va a hacer en este caso”, puntualiza. Asimismo, recuerda que estas convocatorias son elaboradas por la comisión permanente de selección en la que no pueden participar los sindicatos. “Es ahora cuando hemos conocido esta decisión y, por ello, UGT va a elevar una queja a la Dirección General de Función Pública”, subraya.

Esta situación ha provocado la protesta de muchos aspirantes que han visto cómo sus posibilidades se veían reducidas a la mitad tras haber pagado las tasas correspondientes (15,12 euros de cada una de las pruebas). “En otras oposiciones de ámbito local a las que me he presentado (DGA, DPZ o Ayuntamiento de Zaragoza) nunca han coincidido las fechas. Siempre se intenta programarlas en diferentes días o, al menos, a diferentes horas”, subraya Marta. Ejemplo es el proceso selectivo que se llevará a cabo la próxima semana en la Universidad de Zaragoza. Hay dos oposiciones del ámbito administrativo (con temarios muy similares) y los exámenes se dividen en dos días: sábado y domingo.

Más de 1.000 plazas en juego

Este año se lleva a cabo una de las ofertas de empleo público más importantes. En el cuerpo general auxiliar de la administración del Estado se ofertan un total de 370 plazas de libre acceso. Para ello se han admitido un total de 55.060 solicitudes (casi 2.000 en la comunidad aragonesa). En el cuerpo general de administrativo de la administración del Estado hay hasta 40.952 interesados (alrededor de 1.400 en Aragón) para 735 vacantes. 

La primera prueba se llevará a cabo el día 19 de mayo a las 13.00 en todas las provincias en las que se convoca, entre ellas, Zaragoza. En este caso el lugar del examen será la facultad de Derecho del campus público aragonés. En esta convocatoria también se han aprobado plazas para técnicos auxiliares de informática (350), gestión de la administración civil del Estado (430) y gestión de sistemas e informática de la administración del Estado (200). Las pruebas para todas estas ramas tendrán lugar el 19 de mayo a las 9.00. No hay examen en Aragón.

Abr 19 2018

Coincidencia de exámenes Oferta de Empleo Público 2017


Adjuntamos Informa sobre la coincidencia de fechas de examen de la OEP 2017.

UGT exige la homologación salarial con los funcionarios en la Negociación Colectiva del IV Convenio Único


El pasado 11 de abril, por fin, tuvo lugar una reunión de la Comisión Negociadora del IV Convenio Único en la que la Administración contestó a nuestra propuesta de clasificación.

La propuesta de Clasificación Profesional que nos presenta la Administración se basa en el sistema establecido en el EBEP (en función de la Titulación exigida para el acceso se conforman los distintos grupos que fija el artículo 76), el MECES (Marco Europeo de Cualificaciones de la Educación Superior), el Catálogo de Cualificaciones Profesionales del actual Sistema Educativo Español y el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la última reforma laboral impide la clasificación por categorías profesionales.

Además de seis grupos profesionales incorporan las Áreas Funcionales, que según la Administración, clarifican cometidos y ayudan en la gestión. Un planteamiento al que se opone la UGT, dado que nos parece anacrónica la estructuración en Áreas Funcionales y que sólo sirve para limitar la movilidad de los/as trabajadores/as y para flexibilizar la definición de las funciones en aras a las pretensiones de la Administración de cara a tener personal multifuncional.

En ese sentido las denominaciones que nos proponen de los Grupos Profesionales van ligadas a las titulaciones que se exigirían para el acceso en vez de letras o números.

Incrementan por otro lado el número de Áreas Funcionales de 3 a 4, con la creación de una nueva (Actividades Horizontales), en la que se integrarían los/las trabajadores/as que desempeñasen funciones para las que existen cuerpos o escalas de funcionarios

cuadro 1

Es obvio que es bastante similar a la nuestra salvo en lo referente a las Áreas Funcionales, de las que desde UGT proponemos su supresión y, en cualquier caso, su sustitución por las Familias Profesionales que establece la actual normativa, si la voluntad de las partes pasa por establecer un sistema de clasificación que perdure en el tiempo.

Las discrepancias surgen cuando nos presenta la Administración su propuesta de integración en los nuevos grupos y las retribuciones que se le atribuirían:

cuadro 2

Como podéis apreciar el reconocimiento a la cualificación de nuestros/as trabajadores/as y el objetivo de prestigiar la formación profesional, del que el Partido Popular hace gala en las campañas electorales, se limita a 20 € al mes para los Técnicos Superiores y 16 € para los Técnicos. Además de discriminar a los actuales integrantes del grupo de Gestión y Servicios Comunes nos proponen que los nuevos trabajadores que accedieran a estos puestos de trabajo tendrían un salario inferior en más de 200 €/mes a los puestos ocupados actualmente.

A la UGT nos parece indignante tanto la discriminación aludida como el planteamiento de que dos trabajadores que realizan las mismas funciones cobren diferente salario base.

Nos reiteramos en nuestros objetivos de reconocimiento de la formación profesional, desempeño y/o cualificación profesional de los/as trabajadores/as y de que el Convenio por fin se pueda llamar Único, en tanto que establezca una condiciones homogéneas para todos los/as trabajadores/as que ampara.

Por otro lado, la Memoria de Responsabilidad Social de la Administración General del Estado, que nos entregaron recientemente, pone de manifiesto la tremenda brecha salarial existente entre el personal funcionario y el laboral de la AGE. Una brecha inaceptable y de la que vergonzosamente tiene la exclusiva la Administración General del Estado.

En ese sentido nos ratificamos en la propuesta que presentamos en su día y que fijaba como objetivo un salario mínimo de 1.200 € en el grupo inferior en el horizonte de la duración del IV C.U. Y exigimos como punto de partida y con carácter inmediato (tablas salariales 2017) la homologación salarial con las retribuciones mínimas de los grupos de funcionarios a los que se les exige para el acceso la titulación idéntica que al personal laboral.

cuadro 3

Concretando, nuestra propuesta se basa estrictamente en los grupos de clasificación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público y las especialidades y definición de funciones del puesto de trabajo que contempla el Sistema Educativo Español en lo referente al Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

En cuanto a lo retributivo exigimos la homologación inmediata con respecto a las retribuciones mínimas del personal funcionario.

Evidentemente esto requiere una cantidad económica muy superior a los 3.000.000 € de los que dice disponer la Administración (que viene a suponer el 0,375% de nuestra masa salarial). Ni que decir tiene que tendremos que recurrir a medidas de presión y movilización si queremos alcanzar nuestros objetivos.