Nov 29 2018

La violencia de género no es un negocio: UGT alerta sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del 016 y el Centro Cometa

UGT ha alertado sobre las condiciones laborales de las trabajadoras que se ocupan de gestionar vía telefónica la violencia de género. Junto con la catedrática e investigadora Marta Cabezas Fernández hemos elaborado un informe sobre la naturaleza de este trabajo y su gestión, actualmente externalizada y prestada por empresas regidas por convenios de seguridad priivada (Cometa) y telemárketing (016).

Nos han acompañado en esta presentación Vanesa Barco, secretaria de Mujer de FeSMC-UGT y Cristina Antoñanzas, vicesecrataria general de UGT, que ha puesto de relieve la necesidad de que sea la Administración quien asuma el control y la calidad de un servicio público tan sensible, habida cuenta de la elevada cifra de mujeres que son asesinadas cada año por sus parejas y exparejas. "Exigimos la prestación directa por parte de la administración pública del 016 y de COMETA, exigimos que la administración general del estado inicie de inmediato el proceso necesario a su prestación directa en cuanto concluyan los contratos ya suscritos. Las trabajadoras de este ámbito deberían estar bajo el paragüas del Convenio Único de la AGE".

Luz Martínez Ten, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT ha mostrado también su consternación por el hecho de que problema estructural, el de la violencia - que se cobra vidas casi cada día- esté laboralmente gestionado desde un tratamiento mercantil, con trabajadoras hacen su labor con un contrato de teleoperadoras y que tienen tres minutos para atender un caso de una mujer que está llamando porque teme por su vida.

Desde UGT queremos hacer una llamada de atención al Gobierno: los servicios públicos pierden su esencia al ser externalizados y precarizan las condiciones laborales, ya que aumentan la temporalidad y fragmentan la negociación colectiva. Brevemente, nuestro plan para la mejora del servicios es:

  • La Delegación de Gobierno debe ejercer la función de control de los contratos suscritos para la prestación de estos servicios establecida en la Ley de Contratación del Sector Público vigente. Para ello será imprescindible designar los recursos y establecer las directrices necesarias.

  • Crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, en tanto órgano de participación creado por la Ley Integral, que promueva la evaluación del impacto en la calidad en el empleo y en la calidad de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.

  • Garantizar que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas. Se debe verificar también que el personal directivo y los mandos medios sean especialistas en violencia de género. El personal a cargo del control de la calidad del servicio debe ser también especialista en violencia de género.

  • Replantear la evaluación del desempeño del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y a los estándares de calidad de los servicios públicos en esta materia y no de los call centers privados.

Los hallazgos de esta investigación son sólo la punta del iceberg de una problemática más amplia, la calidad del empleo y la calidad de los servicios públicos de violencia de género. En la segunda fase de este proyecto de investigación estudiaremos la precariedad laboral en los servicios de atención a la violencia de género que son competencia autonómica y municipal y que viene denunciando la Plataforma en Defensa de los Recursos de la Red de Violencia de género. Este será nuestro reto para 2019.

Hemos elaborado un número especial de nuestra revista La Karishina sobre este problema

Puedes consultar el informe completo aquí

Nov 15 2018

UGT firma el acuerdo de recuperación de derechos para l@s Emplead@s Públic@s de Aragón:

mesageneral

Nov 09 2018

Con fecha 22 de octubre se ha publicado en BOA el Decreto 169/2018, en cuyo artículo 13 se establece que:
"Asunción de gastos. La autoridad, funcionario o personal afectado deberá asumir, en su caso, las correspondientes tasas, depósitos, gastos de pruebas periciales practicadas a su instancia, costas, gastos de representación que no cubra la asistencia por un Letrado de la Comunidad Autónoma o, en general, todo gasto que sea ajeno a la defensa".

El citado precepto, además de suponer una nueva carga para I@s funcionari@s y emplead@s de la Comunidad Autónoma de Aragón, contraviene lo dispuesto en el artículo 14 f) del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se reconoce como un derecho individual de los empleados públicos:
"la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del legítimo ejercicio de
sus funciones o cargos públicos".

Con este nuevo Decreto, aprobado sin consulta ni negociación con los representantes de los trabajadores, este Gobierno vuelve a recortar los derechos de I@s trabajador@s de la Administración Pública en Aragón.

UGT exige la retirada inmediata del citado Decreto y la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación.

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Oct 30 2018

“Mas educación y menos burocracia”

“Mas educación y menos burocracia”

El sector de enseñanza de FeSP UGT Aragón ha presentado los resultados de la Encuesta "Cómo mejorar la labor docente"

| lunes, 29 de octubre de 2018

​La autoridad del profesorado así como la excesiva carga lectiva son las principales preocupaciones de los docentes de Aragón, según ha revelado la Encuesta Cómo mejorar la labor docente realizada en el mes de septiembre por el sector de Educación de FeSP UGT Aragón, a pesar de – que a excepción de Asturias- perciben los salarios más bajos de toda España.

Según el estudio, en el que han participado más de 1.500 docentes, el 85% cree necesario reducir la jornada lectiva, un dato que según ha explicado el secretario del sector de Enseñanza de FeSP UGT Aragón, David París está "estrechamente" relacionado con el tiempo que los docentes emplean en realizar las tareas burocráticas, ya que otro 87% estima "excesivo" el tiempo que emplea en ellas. La jornada laboral de los docentes en Aragón es de 37 horas y media y, en Enseñanzas medias, las horas lectivas que se imparten son 20, mientras que en infantil y primaria son 25. Sobre la autoridad del profesorado, en una escala del 1 al 5, los docentes que han participado en la encuesta lo han puntuado mayoritariamente en una media de 2 a 3.

Aunque el salario no es uno de los temas valorados como prioritarios en la encuesta, un 65% considera que no es adecuado. En este sentido la secretaria federal de Enseñanza de FeSP UGT, Maribel Loranca ha pedido al Gobierno de Aragón la "revisión" de las retribuciones de los docentes en Aragón, un colectivo que en 10 años ha perdido un 25% de poder adquisitivo. Desde el sindicato en Aragón ya se ha remitido un escrito a la Administración autonómica durante la primera semana de septiembre para la negociación de la mejora retributiva, así como de la jornada lectiva.

Asimismo Loranca ha recordado que la semana pasado la mesa del Parlamento se comprometió a tramitar por vida de urgencia una ley que habilita a las Comunidades autónomas a revertir los recortes del Decreto -ley de 2012. Por ello ha instado también al Gobierno de Aragón a que "cumpla" sus compromisos electorales para acabar con los recortes y que el curso próximo los docentes de secundaria vuelvan a las 18 horas lectivas y en infantil y primaria como máximo a 23 horas.

"Desde UGT demandamos más educación y menos burocracia" han destacado ambos dirigentes quienes han propuesto que sea "otro tipo de personal" el que las realice estas tareas porque restan tiempo a otras fundamentales. Sobre la autoridad del profesorado, Fesp UGT Aragón ha reclamado más formación y programas relacionados con la resolución de conflictos en el aula para mejorar la convivencia, así como la necesidad de crear un contrato social en los centros en la que participe toda la comunidad educativa.