El sindicato reclama una solución definitiva y negociada al problema de la precariedad laboral y pide articular mecanismos para frenar su uso abusivo 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos asiste este jueves a la reunión de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos de 2017 y 2018 con un objetivo prioritario: buscar una solución definitiva y negociada al problema de la temporalidad en las Administraciones Públicas. El sindicato ha hecho un balance de los acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado en 2017 y 2018. 

Según datos de FeSP-UGT, el empleo público se ha incrementado en 74.545 efectivos durante el periodo de vigencia del acuerdo. Este aumento se ha producido principalmente en las Comunidades Autónomas y entidades locales, mientras que en la Administración General del Estado ha disminuido en 9.299 personas. 

El aumento de empleo que se ha experimentado durante este periodo ha sido precario, se han destruido más de 60.000 puestos fijos y se ha incrementado el empleo temporal e interino en 118.862 plazas, lo que supone pasar de una temporalidad del 16,67% al 20,77%, cuatro puntos más que cuando se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en 2017. 

El pasado mes de enero, UGT denunció el importante retraso que se estaba produciendo en los procesos de estabilización de empleo destinados a reducir la precariedad en las Administraciones. Hasta esa fecha solo la Administración de Justicia había cumplido la convocatoria de plazas comprometidas. Esta situación se ha agravado con la crisis de Covid-19. Entre las actuaciones que reclamó para solven- tar la situación estaba prorrogar, al menos un año, el periodo de vigencia de los acuerdos en materia de empleo, una medida que ya está en marcha. 

El sindicato, sin embargo, considera que se deben implementar otra serie de acciones para disminuir la precariedad en Función Pública, que alcanza cotas inasumibles en sectores como Enseñanza, con mas de un 28% y Sanidad, donde la precariedad asciende al 46,35%. Entre las medidas propuestas está agilizar las convocatorias para culminar los procesos de estabilización, eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar las situaciones de abuso de la temporalidad que se está produciendo en la actualidad. 

UGT reclamó esta medida en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas que se celebró el pasado 15 de junio. 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha calificado de muy buena noticia la publicación hoy en el BOE de una medida que permitirá ampliar las habilitaciones para ejecutar la Oferta de Empleo Publico y los procesos de estabilización de empleo temporal, tal como reclamó UGT. 

UGT fijó como una de sus prioridades en la negociación el empleo público. El sindicato incidió, en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad. Estos procesos ya arrastraban un importante retraso en su ejecución, una circunstancia que se ha agravado con la paralización de las convocatorias durante la crisis del Covid-19. 

Un balance de los acuerdos de 2017 y 2018 que UGT presentó en enero de este año, ponía de manifiesto que el objetivo fijado en ellos de reducir la temporalidad de un 25% a un 8% en las Administraciones Públicas estaba lejos de cumplirse. En esa fecha, solo el sector de Justicia había cumplido casi al 100% el objetivo con 8.105 plazas convocadas de las 8.764 previstas. Sanidad, por el contrario se habían convocado 79.316 plazas de las 132.582 previstas y en Enseñanza rondaban las 84.000 de las 151.136 comprometidas. Ante estos datos, UGT señaló que pedirían al Gobierno ampliar al menos en un año el Acuerdo para cumplir con las convocatorias de consolidación de empleo. 

La medida que ha aprobado el Gobierno, según recoge el BOE en el artículo 11 del Real Decreto-Ley 23/2020, permitirá “con carácter excepcional, la habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (...)”. “Asimismo, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en los respectivos Diarios Oficiales las ofertas de  empleo públicos que articulen los procesos de estabilización de empleo temporal a los que se refiere el apartado anterior(...)” 

 En primera línea: honrar a los empleados públicos por su respuesta ante la pandemia de COVID-19

El brote de la COVID-19 ha afectado a más de 180 países, ha infectado a millones y ha matado a cientos de miles de personas. Además de las implicaciones para la salud y la pérdida de vidas, la pandemia ha tensado los sistemas de atención médica, ha interrumpido el sistema educativo, ha causado estragos en las empresas y las economías, ha llevado a la pérdida de empleos y paralización de la vida social con bloqueos, toques de queda y otras medidas estrictas destinadas a contener el virus a nivel mundial. Todo esto ha sucedido en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde los empleados del servicio público son críticos.

Desde los trabajadores de atención médica de primera línea y los funcionarios de salud pública hasta los maestros, pasando por los trabajadores de saneamiento, los funcionarios de bienestar social y muchos otros, el humilde empleado público ha sido centro de atención, ayudando a elevar la conciencia y la comprensión del papel fundamental que desempeñan estos trabajadores públicos en la vida cotidiana, y en particular en tiempos de crisis severas, como la pandemia de COVID-19.

Para honrar el trabajo de los empleados públicos a nivel mundial y el papel crítico que los servidores públicos de primera línea han estado desempeñando en la lucha contra la pandemia COVID-19, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas celebra el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) a través de actividades de divulgación y recursos que tendrán lugar del 15 al 30 de junio.

Las instituciones públicas en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La administración pública, piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas. Reinventar la administración pública es una forma positiva y necesaria de avanzar. Sin la modernización y transformación de la administración pública para adaptarse a las necesidades de hoy, será imposible lograr un futuro mejor para todos. Donde faltan administraciones capaces, los gobiernos están incapacitados; y donde los gobiernos están incapacitados, el desarrollo sostenible se queda corto.

Desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Público de UGT nos sumamos a la celebración de este Día Mundial subrayando que solo a través de lo común y lo público salimos de las crisis más fortalecidos como sociedad. Confiamos en que los Gobiernos no repitan los errores austericidas de 2008, que redujeron la calidad del empleo público y abriron la puerta a privatizaciones que han tenido consecuencias nefastas, como todos hemos podido ver en el segundo trimestre de este 2020. Confiamos en que el blindaje de la sanidad pública sea un hecho, que el sector de los cuidados precisamente se cuide y se humanice desde la gestión pública, y que desde la negociación colectiva sigamos dando pasos adelante para la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos al servicio tanto de las administraciones como de las empresas privadas.

No nos olvidamos de la necesidad de hacerlo también desde una perspectiva de género y avanzar en la disminución de la brecha salarial. Acabar con la temporalidad, que afecta sobre todo a colectivos feminizados y eliminar la tasa de reposición para crear más empleo público y de calidad.

          Este viernes 19 de junio, Gracia Álvarez, Secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT,  ha participado en el grupo de trabajo sobre políticas sociales y sistema del cuidados en el Congreso de los Duputados con la siguiente ponencia:                                

La “ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”, creó grandes expectativas respecto a que todos los mayores recibieran los cuidados necesarios, y también en cuanto a la creación de empleo. Pero su falta de dotación económica ha frustrado en gran medida ambas expectativas. No todos los mayores han recibido los cuidados que necesitan, y la calidad de los cuidados ha estado en entredicho en más ocasiones de las deseables. En cuanto a la creación de empleo, este sector, ampliamente feminizado, se ha convertido en un nicho de empleo precario.

La pandemia del Covid-19 ha puesto en relieve problemas que veníamos denunciando desde FeSP-UGT, como las ratios y la deficiente inspección por parte de las AAPP. La repercusión de estas cuestiones en la calidad de la asistencia es obvia, por eso es imprescindible evaluar el desarrollo y la aplicación de la Ley 39/3006 y como se ha afrontado la pandemia del Covid -19 para aprender de cara al futuro, especialmente tomar medidas a corto plazo para evitar los errores cometidos de cara a una posible segunda oleada en el otoño.

Es cierto que la Ley 39/2006 ha generado empleo, lo cual aporta importantes retornos económicos[1] (ahorro en prestaciones de desempleo, incremento de la recaudación por cotizaciones sociales y de los ingresos fiscales, vía IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades) lo cual significa que el gasto social contribuye de forma importante a la generación de actividad económica. Pero se podría haber generado más y mejor empleo. La situación del sector no es buena, las ratios de trabajadoras son insuficientes, y las condiciones laborales dejan mucho que desear no solo en el aspecto económico, lo que se puede observar analizando el Convenio Colectivo Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, el bloqueo persistente en la negociación, venció en diciembre de 2018 y las negociaciones con la patronal éstas llevan tiempo rotas.

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