Mar 16 2017

El 23 de marzo saldremos a la calle para reivindicar una vez más la recuperación de derechos en el ámbito de las Administraciones Públicas. UGT y CCOO suscriben el siguiente manifiesto conjunto:

El actual crecimiento del PIB, tanto en 2016 como en las previsiones de 2017, debe contribuir al objetivo prioritario de crear empleo y reducir el número de personas desempleadas, así como en la mejora de las condiciones de calidad de vida del conjunto de la población, a través de un incremento del gasto social que potencie los Servicios Públicos y a sus empleados.

En el ámbito de las Administraciones Públicas debe restablecerse de inmediato el derecho a la negociación colectiva. Es necesaria la convocatoria, ya, de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y abrir urgentemente un proceso de negociación, habilitando a las Comunidades Autónomas y Administración Local la posibilidad de abrir procesos específicos de negociación, en el libre ejercicio de sus competencias.

La negociación colectiva debe contemplar, además del incremento retributivo para 2017, la reposición de los derechos hurtados por la legislación de crisis, con el consiguiente impulso a la creación de empleo público, junto con la reducción de la alta tasa de temporalidad y estabilidad del personal interino, lo que es imprescindible para la prestación con garantías y calidad de los servicios públicos que la sociedad demanda.

Las empleadas y empleados públicos queremos una respuesta favorable a nuestras demandas, que se mejoren las condiciones laborales (jornada 35 hrs, recuperación poder adquisitivo, percepción integra de retribuciones en situación de IT, etc.) recortadas por el Gobierno de forma unilateral y desde el reconocimiento de los esfuerzos para la recuperación económica, protagonizados por los colectivos de las personas que trabajan en las Administraciones Públicas

La reducción del desempleo es demasiado lenta y no se aborda adecuadamente el paro de larga duración que afecta al 56% de personas desempleadas, a lo que ha contribuido la destrucción de empleo público de estos últimos años. El paro juvenil alcanza el 43% (menores de 25 años). La precariedad laboral no se reduce, todo lo contrario, aumenta en un modelo de crecimiento basado en empleo de baja calidad, inestable y poco productivo, con una tasa de temporalidad del 26,5%.

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído 25 puntos en los últimos siete años, tan solo perciben una prestación el 55% de las personas registradas en los servicios públicos de empleo. Al mismo tiempo que más de 2,4 MM de personas cobran pensiones inferiores a los 700€ mensuales, donde el actual modelo de revalorización va a provocar una importante pérdida de poder adquisitivo.

España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre, con niveles de pobreza y exclusión social que afectan a 13,4 MM de personas. Además contamos con un sistema tributario que no recauda lo suficiente, redistribuye poco y con un nivel de fraude elevado.

Mar 14 2017

La secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, ha defendido ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado Territorial, Político y Social por la Educación, en el que estén implicados todos los integrantes de la comunidad educativa.

En su intervención en el foro parlamentario en el que se ha empezado a trabajar para tratar de conseguir un pacto educativo, Loranca ha defendido que es el momento de plantear una reflexión “crítica, en profundidad y sin precipitación” que permita alcanzar un diagnóstico certero, a fin de realizar propuestas de mejora eficaces que permitan conseguir la máxima calidad salvaguardando en todo momento el principio de equidad"

Para ello, según ha precisado, ha de tenerse en cuenta un conjunto de factores entre los que figuran la situación educativa reciente de nuestro país y el momento de crisis, las diferencias sociales y económicas del alumnado a fin de compensarlas, o las comparaciones con los indicadores de los organismos internacionales. También sería necesaria una cuantificación precisa de los recursos educativos necesarios.

La responsable del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclamó que la educación se sitúe en el centro de la agenda política y sea considerada una prioridad de Estado, “por lo que entendemos que este Parlamento tiene en sus manos lograr un acuerdo de mínimos que dé estabilidad a nuestro sistema educativo”.

Maribel Loranca recordó  el enorme retroceso padecido por la educación en los últimos años y el deterioro producido por los recortes llevados a cabo. Estos siete años de retroceso y recortes educativos han supuesto, en primer lugar, una menor financiación de la educación española. Desde 2011 se han dejado de invertir 3.100 millones de euros, que alcanzan la cifra de 6.500 si se añade el importe restado con la aplicación de las medidas de racionalización del gasto público educativo y estabilidad presupuestaria. El PIB en educación ha pasado del 4,9% de 2010 al 4,1% de 2015, lo que nos ha alejado de la media de la UE (4,9%) y de los países de la OCDE (5,3%).

Además, el sistema educativo cuenta con menos profesores, que además tienen peores condiciones sociolaborales. Las medidas aprobadas por el Gobierno han supuesto la destrucción de alrededor de 35.000 puestos de trabajo docente. El 25% del profesorado de la enseñanza pública no universitaria es interino. Por ello, resulta urgente abordar el problema de este colectivo con un plan de consolidación de empleo.

Loranca también se ha hecho eco del malestar existente entre el profesorado, toda vez que debe enfrentarse a continuas reformas y retos, sin que se contemplen ni sus condiciones laborales ni se regule el Estatuto del Personal Docente.

Además, la implantación de la LOMCE, ha añadido –“una ley que se impone sin el apoyo de la comunidad educativa, rechazada por la mayoría de este Parlamento y con continuas modificaciones en su implantación”-, lejos de resolver los problemas reales, “ha generado otros y está provocando la pérdida de conquistas educativas como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria y la cohesión social”. La LOMCE, prosiguió, es una ley que entiende la calidad educativa exclusivamente por resultados, con un currículo centralizado y uniforme y con pruebas estandarizadas, sin tener en cuenta otros aspectos como las características del alumnado, los procesos o el entorno”.

Todo ello ha llevado a la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT a constatar que, con anterioridad a cualquier pacto, es imprescindible que se reviertan los recortes y se paralice la LOMCE. En este sentido, precisó el “flaco favor” hecho por el Gobierno a la Subcomisión del Congreso con la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto un amplio acuerdo parlamentario que pretendía paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE.

También ha puesto de manifiesto el efecto en la universidad pública de la crisis económica y las políticas educativas, que han reducido drásticamente los presupuestos y han provocado un descenso muy significativo en las plantillas. Al igual que la Formación Profesional, agregó, la universidad es vital para cambiar el modelo productivo de nuestro país. Este cúmulo de circunstancias, a las que se suma la ausencia de negociación colectiva, ha llevado a UGT y a otras organizaciones del sector, a convocar una huelga general en la Enseñanza el 9 de marzo.

Maribel Loranca enumeró a continuación las propuestas básicas que plantea UGT para ese Pacto de Estado por la Educación, que debería ser a un tiempo territorial, social y político, y ha fijado como prioridad la consideración de la educación como servicio público y como un derecho de toda la sociedad. Además, ha hablado de la necesidad de una estabilidad normativa y de una lealtad institucional entre las diversas Administraciones que gestionan la educación; del establecimiento de un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales; de una educación en valores laicos y cívicos, o del combate contra el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.

El elemento decisivo, sin embargo, debe ser la consideración del profesorado como motor del cambio educativo. “Un sistema de calidad”, ha defendido la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, “precisa de un profesorado que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados, con el reconocimiento de su carrera profesional y apoyado por los poderes públicos”.

Maribel Loranca animó a los parlamentarios a que su trabajo sea eficaz y los emplazó a llegar a un acuerdo de mínimos que dé estabilidad al sistema educativo y sitúe a la educación, como una prioridad de Estado, en el centro de la acción política,. “En esta andadura nos encontrarán, y estamos dispuestos”, concluyó, “a seguir trabajando para conseguir el Pacto de Estado territorial, político y social por la Educación que todos demandamos”.

 Enlace al vídeo con la intervención de Maribel Loranca en la Subcomisión parlamentaria del Congreso de los Diputados

Mar 13 2017
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UGT se dirige a la Ministra de Trabajo Fátima Báñez condenando la actitud del Gobierno respecto de la Seguridad Social.

La nula atención a las recomendaciones de los Pactos de Toledo o de la CORA en cuanto a la creación de una Agencia Estatal o Entidad Única de Seguridad Social, la falta de reposición de sus efectivos y de la ordenación de los mismos, ha sido calificado por UGT en su comunicación a Fátima Báñez, como un abandono por parte del Gobierno de los Recursos Humanos esenciales para prestar un servicio de calidad.

Asimismo y a fecha actual, la omisión de la Seguridad Social en las declaraciones del Gobierno respecto de la reposición de efectivos y la oferta de empleo público, ha provocado que UGT califique su actitud como “Condena” a la Seguridad Social, ya que no se trata de una medida de ahorro sino de un objetivo: la extinción de unos efectivos que se pierden y no se reponen, y que además, dada la elevada media de edad, precipitarán su jubilación en masa antes de enero del 2019.

Los cierres de los Centros de Atención al público que se están comenzando a producir por ese motivo, y que la Administración enmascara como reorganizaciones, son un claro indicador de un inminente colapso en la gestión anunciado por UGT. Las constantes alusiones por parte del Gobierno a una utópica Administración Electrónica en la que los ciudadanos no visitan las oficinas y los funcionarios no son necesarios, no son una solución y nada tienen que ver con la realidad de las oficinas en las que, cada día, se forman colas demandando atención.

UGT ha hecho constar a la Ministra su actitud de diálogo y de negociación, si bien no descarta la movilización, si como todo parece indicar, se ha “condenado” a la Seguridad Social a la extinción de sus efectivos.

Entre el año 2009 y el 2016, según datos de la propia Administración, la Seguridad Social ha perdido un total de 4.249 trabajadores/as, lo que supone el 13,73% de sus efectivos, que no han sido repuestos. Y dada la elevada media de edad de sus plantillas, la pérdida de trabajadores y trabajadoras por jubilación durante los dos próximos años, puede verse incrementada en torno a otros 4.000 trabajadores/as.

En la actualidad el 27% de las oficinas de las que se dispone están atendidas por dos o tres trabajadores, y en algunos casos por uno solo. Pero el Gobierno sigue omitiendo a la Seguridad Social incluso en la calificación de cobertura prioritaria.

En función de la respuesta de la Ministra, UGT iniciará un proceso de consultas para la determinación de las medidas de presión que puedan corresponder para salvaguardar este servicio público en el caso de que fuera necesario.

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Mar 07 2017

cartel 8 de marzo-001

Desde la Federación de Empleadas y empleados públicos, con motivo del ocho de marzo revindicamos:

 
 

1.- Que el supuesto impacto de la recuperación económica se haga visible en los derechos de las trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos. Recordamos que somos mayoritariamente las mujeres las que ocupamos los sectores de sanidad, dependencia, educación y otros sectores que tienen una mayor precariedad y menor reconocimiento laboral.

 
 

2.- Desde la FeSP reiteramos la exigencia de una Ley de Igualdad Salarial para lograr el mismo salario por trabajos de igual valor. En la Administración y las empresas privadas contratadas por los Servicios Públicos, existe una brecha horizontal y vertical que exige medidas urgentes para alcanzar la igualdad de género.

 
 

3.- Desde la FeSP en el marco del sistema de pensiones no aceptaremos la salida de las pensiones de viudedad de dicho sistema, ya que son retributivas y sería condenar a aquellas mujeres cuyo trabajo han sostenido la vida de este país, a la extrema pobreza.

 
 

4.- Exigimos al gobierno recuperar la inversión y los programas de servicios públicos, así como la contratación y reposición de plantillas para afrontar las necesidades de la ciudadanía, sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Y recordamos que son las mujeres las que realizan el trabajo de cuidados y atención de las personas que lo necesitan, cuando las administraciones dejar de cumplir con su deber.

 
 

5.- Exigimos recuperar la inversión en presupuestos y programas para las políticas de igualdad que se han visto recortadas desde el año 2010 en un 26%. Así como el desarrollo de las Leyes de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la Ley integral de violencia de género y la Ley de Salud sexual y reproductiva.

 
 

6.- Exigimos al gobierno y a todos los partidos políticos un pacto de estado contra el terrorismo machistas como una prioridad de país.

 
 

7.- Mostramos nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo, en especial con las refugiadas que huyen de la guerra o de persecuciones por género y exigimos acuerdos internacionales para que en todos los países del mundo se garanticen los derechos humanos de las mujeres.

 

ZARAGOZA:

Manifestación desde Glorieta Sasera, 19 horas.

HUESCA:

Manifestación desde Plaza de Navarra, 20 horas.

TERUEL:

Concentración Plaza de la Catedral, 19 horas.