Oct 02 2018

FeSP exige un nuevo contrato de relevo y jubilación parcial a los 61 años

El Pacto de Toledo es, desde hace mucho tiempo, donde se venía acordando la legislación sobre la jubilación que afecta a todos y cada uno de los trabajadores de todos los sectores productivos. Pero estos trabajadores vieron modificadas sus condiciones de acceso a la jubilación parcial de una forma muy negativa tras la publicación el día 15 de marzo de 2013, del Real Decreto Ley 5/2013 que cambiaba las condiciones de acceso a la jubilación parcial. No obstante, y gracias a la firma de Convenios en las Empresas -a la que se refiere la Disposición Transitoria cuarta apartado 5 de la Ley General de Seguridad Social-, se puede seguir aplicando la legislación anterior, pero únicamente hasta el 31 de diciembre de 2018.

UGT lleva mucho tiempo defendiendo un contrato de relevo que sirva como puente a la jubilación, que genere oportunidades a los desempleados y que sirva para renovar las plantillas en los centros de trabajo.

A este respecto, es necesario añadir que el pasado día 31 de julio, la Unión General de Trabajadores (UGT) en la reunión del Diálogo Social que se mantuvo con el Gobierno, ya adelantó cuál es su posición respecto al contrato relevo. La posición de nuestra organización es que la normativa para esta modalidad de contratación, sea generalizada para todos los colectivos profesionales.

Cualquier medida que se tome para unir fuerzas puede ser interesante, pero no se puede dejar de señalar que la jubilación parcial no se puede defender desde una recogida de firmas sectorial. Es totalmente ineficaz utilizar un mecanismo voluntarioso de este tipo cuando este tipo de negociaciones se realizan en otros foros en los que sí que está UGT, que son donde se puede presionar al Gobierno para que lo modifique.

Desde FeSP-UGT seguiremos exigiendo al Gobierno que rectifique las modificaciones legislativas introducidas durante los años de crisis y que afectan a la jubilación parcial con contrato de relevo.

Sep 25 2018

UGT presenta el mapa de la desigualdad salarial en la Administración General del Estado

El sector AGE de FeSP-UGT ha elaborado un informe que refleja detalladamente las desigualdades salariales que existen en la Administración General del Estado. Excluyendo a las fuerzas armadas y a los cuerpos de Seguridad del Estado, la AGE cuenta con unos 202.000 trabajadores y trabajadoras. Carlos Álvarez ha explicado en rueda de prensa todos los pormenores de las desigualdades observadas en el sector.

La AGE se ha caracterizado siempre por ser la Administración Pública que peor retribuye a sus trabajadores; además las desigualdades se dan a varias escalas. Por ejemplo, en la Administración de Justicia existen grandes diferencias entre los salarios del personal transferido a las Comunidades Autónomas y el perteneciente al Ministerio.

También dentro de la propia Administración General del Estado, es decir, entre el personal que trabaja en los diferentes ministerios, se encuentran brechas salariales muy significativas. Los flujos que se observan en los concursos de traslados certifican cuáles son los menos atractivos (del Ministerio de Defensa huye el personal).

Los desequilibrios se dan incluso dentro del mismo organismo: en las Instituciones Penitenciarias el complemento específico va ligado al propio centro de trabajo; existe una clasificación que data de 1989 y que agrupa las prisiones de España en nueve categorías diferentes en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel. “Se necesitarían 160 millones de euros para paliar la discriminación que padecen unos 20.000 trabajadores de prisiones”.

Carlos Álvarez, secretario federal del sector AGE de UGT ha afirmado que la desigualdad más grave de todas es la que se produce en función del régimen contractual (laboral, funcionario o estatutario). Existe una diferencia significativa entre las retribuciones medias del personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General del Estado para categorías profesionales equivalentes. “14.000 trabajadores de la AGE sufren esta injusticia, ya que se trata de cuerpos idénticos”.

Álvarez ha insistido en las tres reivindicaciones que plantea UGT a la Administración: En primer lugar, la homologación salarial entre laborales y funcionarios. “Actualmente se está negociando ya el IV Convenio Único”. En segundo lugar, la subida lineal de 200 euros para 200.000 trabajadores, que es una reivindicación conjunta con otros sindicatos, reflejada en campañas de movilizaciones durante 2018. El portavoz de UGT señala como tercera reivindicación el desarrollo de la Ley de Función pública con el establecimiento de la carrera profesional. “En este punto el EBEP ya se ha desarrollado en todas las Comunidades Autónomas y sin embargo en la AGE aún no se ha iniciado la negociación”.

VER el documento pormenorizado

* En la imagen, Carlos Álvarez y Victoria Carrero presentan en rueda de prensa el mapa de la desigualdad salarial en la AGE

Sep 05 2018

UGT demanda que se haga efectiva la reversión de los recortes educativos y el impulso del dialogo social

El curso escolar que comienza está marcado por la llegada de un nuevo equipo ministerial que tiene en sus manos la posibilidad de revertir las medidas y los recortes introducidos por los gobiernos el PP. Sus principales líneas de actuación fueron dadas a conocer por la Ministra en la reunión mantenida con los sindicatos el pasado mes de julio. Entre sus prioridades están la de impulsar la Formación Profesional, reducir la tasa de abandono escolar temprano al 15 % para el 2020, la modificación de los puntos más controvertidos de la LOMCE así como la retirada de aquellos aspectos que más han dañado la Educación con la aplicación del RD 14/2012.

En este inicio de curso, el nuevo ejecutivo ha de hacer frente a la persistencia de recortes que desde el 2012 sufren 700.000 docentesy unos ocho millones de alumnos/as, puesto que el incremento del 3% en los PGE para Educación sigue siendo insuficiente, debido a la acumulación de pérdidas de los últimos diez años. Solo el 0,7% del total presupuestario del Estado va dirigido a Educación, por lo que debería ser una prioridad del Gobierno el incremento de esta partida, -que en España está actualmente en un 3,7 % con respecto al PIB, lejos del 5,3% de la media de la UE-.

Tal y como viene sucediendo en los últimos años, las noticias escolares de inicio de curso corroboran las deficiencias que sufre la educación: obras sin finalizar, disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, falta de inversión en infraestructuras y materiales escolares, plantillas incompletas, retraso en la cobertura de las sustituciones, recortes de proyectos de atención a la diversidad,… son solo una pequeña muestra de las medidas de ajuste a las que se está sometiendo al sistema educativo y al funcionamiento de los centros año tras año.

No hay que olvidar, además, que en los últimos años ha disminuido paulatinamente el número de docentes -alrededor de 25.000 en la enseñanza pública-, debido a la reducción de plantillas en los centros.

El Sector de Enseñanza de UGT valora la receptividad del departamento ministerial ante las reivindicaciones presentadas por nuestro sector en la reunión mantenida en julio. Entre nuestras propuestas se encuentra la retirada del RD 14/2012 y con urgencia los artículos más dañinos del mismo, priorizando el relativo a la reducción de las horas lectivas del profesorado y las ratios y la eliminación de las limitaciones de sustituciones. Desde el sindicato, se esperaba que estas reversiones tuvieran carácter de norma básica, es decir, que fueran aplicadas de forma general para todos los docentes del Estado (tal como se hizo con la implantación de los recortes), pero su aplicación va a depender de las CCAA. También alerta de las posibles dificultades y desigualdades que generará este hecho, como puede ser que en algunos casos no tengan efecto hasta el curso 2019-2020.

Por otro lado, FeSP-UGT espera que los responsables ministeriales aborden seriamente la necesidad de negociar un nuevo sistema de acceso e ingreso a los cuerpos docentes de tal forma que el profesorado pueda demostrar tanto sus conocimientos como sus competencias pedagógicas, sobre todo tras la firma del Acuerdo de estabilidad para el empleo público que ha permitido una amplia oferta de plazas en los cuerpos docentes.

Todo esto dentro de un marco más amplio donde se debata y elabore un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja el desarrollo de una adecuada carrera profesional que contribuya a la dignificación de la profesión.

FeSP-UGT sostiene que ha llegado el momento de la negociación colectiva en la Enseñanza Concertada. Tras 7 años de Gobierno del PP sin convocar la Mesa sectorial, el Gobierno  tiene la oportunidad de convocarla y empezar un verdadero proceso negociador donde las organizaciones legitimadas puedan exponer sus demandas. FeSP-UGT por su parte, seguirá reivindicando la negociación de un nuevo Real Decreto de Conciertos adaptado a la nueva realidad social que sustituya al vigente que data de 1985. Asimismo, parece el momento de negociar en dicha Mesa de negociación aspectos importantes para la Enseñanza Concertada como  la homologación, las plantillas de los centros, el pago delegado para todos los trabajadores, medidas que favorezcan la jubilación parcial o la mesa de estudio de los módulos de conciertos establecida en la disposición Adicional vigésimo novena de la LOE.

En este comienzo de curso apelamos a la responsabilidad política y recordamos que hubo un compromiso parlamentario para la derogación de la LOMCE que es necesario hacer efectivo para dar estabilidad a nuestro sistema educativo.

Tras numerosos principios de año escolar marcados por el estancamiento, la falta de coordinación y planificación, de falta de diálogo,… FeSP-UGT espera que en este inicio de curso refleje voluntad política para dinamizar, coordinar y cohesionar las políticas educativas de nuestro país. Instamos al Gobierno a que el diálogo social sea el protagonista para discutir propuestas y llegar a acuerdos, abriendo así la negociación colectiva para el sector docente.

Ago 30 2018

Favorecería la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico


 
► Es necesario potenciar una de formación profesional dual de calidad y dotarla de financiación suficiente para convertirla en un instrumento que favorezca la competitividad y el crecimiento económico.

► La formación dual debe dar respuesta a los problemas de cualificación y empleabilidad en la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes.

► La modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años

Según datos de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017, durante el curso 2016-2017 la matriculación en proyectos de formación dual alcanzó los 24.000 alumnos, una cifra que supone un aumento llamativo con respecto al ejercicio 2014 en el que se matricularon 9.555 personas.
 
Además, según la EPA del Segundo trimestre de 2018, la modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente no disponen de cualificación profesional.
 
La Unión General de Trabajadores defiende la necesaria revisión de este modelo de formación para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad de los procesos de aprendizaje en centros de trabajo, favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad de los trabajadores.
 
El sindicato siempre ha defendido una política de formación profesional consecuente con aquellas medidas que favorezcan no solo la capacitación profesional de todas las personas trabajadoras, sino también, con aquellas que posibiliten las condiciones más adecuadas para el acceso y el mantenimiento del empleo. Por ello, los procesos de formación y aprendizaje que agilicen la transición de los sistemas de educación y formación al mercado de trabajo siempre serán bienvenidos.
 
En este sentido, UGT valora las declaraciones que recientemente ha efectuado la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconociendo la necesidad de realizar ajustes en el sistema de formación profesional dual, el cual debe continuar perfeccionándose y evolucionando.
 
Efectivamente, en consonancia con las mejoras prácticas de nuestro entorno europeo, necesitamos implementar en nuestro país una política de formación profesional dual que garantice las condiciones mínimas de calidad, seguridad jurídica y prestación social, que conviertan a este modelo de formación, en una alternativa atractiva, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que participen en procesos de aprendizaje en la empresa, en la mejora de sus competencias y la obtención de cualificaciones profesionales, favoreciendo, de esta forma, la empleabilidad y el crecimiento económico de nuestras empresas.
 
Compromiso de UGT con la FP Dual
 
El 31 de enero del presente año, UGT firmó el convenio marco de colaboración con la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann.
 
Del mismo modo, y en este mismo año, el sindicato ingresó en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, una plataforma coordinada desde la Comisión Europea que reúne a gobiernos, centros de formación, cámaras de comercio, empresas e interlocutores sociales, interesada en fortalecer la calidad, la oferta, la movilidad y la imagen de la formación de aprendices en Europa.
 
A través de estas iniciativas, la Unión General de Trabajadores muestra su compromiso en avanzar en la concepción, diseño y puesta en práctica de aquellas medidas que mejor contribuyan a la implantación de una política de formación profesional dual de calidad en nuestro país.
 
Concretamente, un modelo de formación profesional dual que supere los tradicionales enfoques administrativos de educación y de empleo y que dé respuesta a los verdaderos problemas de cualificación y empleabilidad que demanda nuestra sociedad y, especialmente nuestros los jóvenes y que logre la integración del programa de formación profesional dual al más alto nivel estratégico en la empresa; la celebración de un contrato de trabajo y la remuneración de los aprendices; la asignación de una persona tutora a cada aprendiz —o grupo de aprendices— y la formación adecuada para que ésta pueda desarrollar su función correctamente, la dedicación del tiempo suficiente a la coordinación e impulso del programa junto con el centro educativo.
 
Además, es necesario que la formación dual descanse en un modelo de financiación suficiente por parte de los poderes públicos y las empresas; se apoye en mecanismos irrenunciables como son los derechos y garantías que asisten al aprendiz —alumnado-trabajador—; la orientación, la información y asesoramiento y que, finalmente, cuente con rigurosos sistemas de evaluación que permitan valorar la eficacia y eficiencia del modelo.
 
De este modo, el sindicato espera que las palabras de la Ministra Celaá y su voluntad de celebrar un diálogo fructífero con los agentes sociales y los centros educativos, contribuyan a la modernización de la formación profesional y la establezcan como una prioridad estratégica alineada con el crecimiento económico, la competitividad y, en consecuencia, con la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.