Jun 19 2020

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a las trabajadoras de los Servicios Públicos?

La necesidad de controlar el avance de la pandemia de la COVID19, provocó la declaración Estado de Alarma que nos confinó en nuestros domicilios convirtiéndolos en el espacio seguro y obligado para evitar el contagio, en el centro de trabajo, la escuela, el espacio de ocio y deporte o el parque de juegos.

El impacto económico y social de la pandemia de la Covid-19 probablemente superará en gravedad a la de Gran Recesión. La dimensión de la alteración de la vida diaria de millones de personas como consecuencia de las medidas de distanciamiento social y de cuarentenas no tiene precedentes en la historia. Pero entre todo ello, podemos vislumbrar que esta situación no afectará por igual a todas las personas, lo que nos lleva a abordar las consecuencias de esta crisis desde un enfoque de género y, en consecuencia, a plantear alternativas para salir de esta situación sin incrementar la desigualdad.

La Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT ha elaborado el presente informe, en el que muestra las particularidades que esta generará en las mujeres, partiendo de la desigual posición de mujeres y hombres ocupan en la sociedad.

El informe confirma que la segregación laboral de género, tan característico de nuestro mercado laboral, ha provocado dos situaciones aparentemente antagónicas. Por un lado, la sobreexposición de las mujeres en la respuesta a la COVID19, al estar sobrerrepresentadas en los sectores al frente de la respuesta a la pandemia. Las trabajadoras representan el 72,58% del personal de la actividad sanitaria en su conjunto, el 50,44% en la atención directa en el comercio de alimentación, el 83,09% en la asistencia en establecimientos residenciales, el 86,11% en las actividades de Servicios Sociales sin alojamiento y el 67,51% otros servicios. Por otro lado, la sobrerrepresentación femenina en el sector servicios, provoca que éstas se vean más afectadas por la cuarentena laboral y, en consecuencia, por los ERTES.

Además, el desplazamiento de la actividad retribuida al hogar ha afectado en mayor medida a las trabajadoras respecto a los hombres, ya que las trabajadoras se ocupan en actividades susceptibles de realizarse a distancia. Respecto al teletrabajo y su incidencia, destacamos las conclusiones resultantes de sendos sondeos realizados en dos sectores de la función pública, que señalan la necesidad de regular las condiciones del desempeño de las obligaciones laborales por la vía de la negociación colectiva.

Las responsabilidades familiares se han incrementado como consecuencia del cierre de los centros educativos y por la dificultad para externalizar los servicios domésticos, situación que no ha modificado el desigual reparto de las tareas familiares entre hombres y mujeres. Esta situación, se ha visto acrecentada por el hecho de que dos de cada tres de las madres españolas con menores a cargo, se hayan visto obligadas a permanecer en casa durante la vigencia del estado de alarma, bien porque trabajan en empleos no esenciales o bien porque están desempleadas.

La crisis de cuidados se agrava en el caso de los hogares con progenitores únicos, que impacta sobre todo en las mujeres. Del total de los hogares monoparentales, en el 12% la jefatura del hogar depende de una mujer, frente al 2% de hogares de padres solteros que, en ambos casos, asumen en solitario el total del exceso de la producción doméstica.

El hecho de que no se reabran los centros educativos y/o servicios de guardería como contribución comunitaria al cuidado de menores dependientes, ocasiona un grave perjuicio a las personas trabajadoras, que se ven obligadas a elegir entre reducir sus jornadas, acogerse a permisos sin retribuir o, en el peor de los casos, no incorporarse al puesto de trabajo.

Debemos aprender de los devastadores efectos de la crisis de la década pasada en términos de desempleo, incremento de la precariedad y pobreza sobre las mujeres, además del retroceso en las políticas de igualdad alcanzadas con anterioridad.

Es fundamental incorporar la perspectiva de género, tanto en el análisis de las consecuencias de la crisis, como en las en las soluciones a la misma, garantizando los derechos de todos los agentes sociales afectados implicados.

Sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina, por ello es crucial exigir que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad.

Descárgate el informe pulsando aquí

Jun 16 2020

UGT incide en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y disminuir la temporalidad

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UGT traslada al Gobierno las prioridades de los empleados públicos para negociar un nuevo acuerdo 

El Ministerio presenta un calendario negociaciones en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha trasladado las prioridades del sindicato en materia de negociación a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, durante su intervención, ha señalado que la negociación de un nuevo acuerdo para las empleadas públicas debe iniciarse inmediatamente después de que finalice el trabajo de la la Comisión de Control de anterior, cuya próxima reunión, según el calendario que ha fijado la Administración, será este mismo junio. 

El sindicato ha planteado tres objetivos principales en la negociación. El primero es la defensa de los Servicios Públicos, garantes del bienestar y la seguridad de la ciudadanía, como se está demostrando en la crisis del Covid-19. El segundo punto primordial es la mejora del empleo público. En esta materia, UGT incide en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad; eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar situaciones de abuso de la temporalidad. Además, se debe apostar por la regulación de herramientas como el teletrabajo. El Tercer elemento fundamental es mejorar las condiciones laborales y recuperar derechos. 

Durante el mes de julio se llevarán a cabo las conversaciones para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público. Su desarrollo es fundamental, ya que bajo su amparo deben deben tratarse cuestiones como la Ley de la Función Pública de la AGE, postergada durante más de una década, lo que ha provocado desigualdades entre los trabajadores de ésta con respecto a otras administraciones. Será en el mes de septiembre cuando comenzará la negociación del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. 

Jun 15 2020

UGT ha trasladado a la Ministra de Función Pública los ejes prioritarios para negociar un nuevo acuerdo para los empleados públicos 

 

El Gobierno debe hacer visible su apuesta por unos servicios públicos fuertes desde la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas 

La apuesta por los servicios públicos debe traducirse en una mejora del empleo público y las condiciones laborales de sus trabajadores 

El sindicato defiende el teletrabajo digno y ha planteado un decálogo de propuestas para regularlo adecuadamente en las Administraciones 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha hecho llegar a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, los ejes sobre los que debe pivotar la negociación de un nuevo acuerdo para las empleadas y empleados públicos para mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores, ya que en 2020 finaliza la vigencia del actual. El sindicato espera que la ministra aproveche la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para dejar patente su compromiso con unos servicios públicos fuertes y eficaces que puedan hacer frente a las demandas de la ciudadanía. 

El sindicato ha planteado tres objetivos principales en la negociación. El primero es la defensa de los Servicios Públicos, pilar fundamental de nuestra sociedad, un hecho que ha quedado patente durante la crisis del Covid-19; El segundo, el empleo público. En esta materia , UGT incide en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad; eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar situaciones de abuso de la temporalidad. Además, se debe apostar por la regulación de herramientas como el teletrabajo. El Tercer elemento fundamental es mejorar las condiciones laborales y recuperar derechos. 

El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público es otro de los aspectos que deben abordarse en la negociación. Bajo su amparo deben tratarse cuestiones como la Ley de la Función Pública de la AGE, postergada durante más de una década, lo que ha provocado desigualdades entre los trabajadores de ésta con respecto a otras administraciones.

UGT considera que es el momento idóneo para regular el teletrabajo en todas las Administraciones, una modalidad que ha pasado de ser una opción a una necesidad durante la crisis del Covid-19. Durante los últimos meses, dos de cada tres empleadas y empleados públicos lo están realizando. Hasta esa fecha, según un informe emitido por el Banco de España, el teletrabajo en el sector de las las Administraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social solo llegaba a unas 26.000 personas cuando, potencialmente, esta modalidad podría llegar a más de 450.000 empleados públicos. 

El marco normativo actual posibilita el teletrabajo dentro de las Administraciones Públicas y en doce de ellas, incluyendo algunas entidades locales y la AGE, ya existen iniciativas y desarrollos sobre él. Por este motivo, es prioritario abordar una regulación general que evite nuevas desigualdades y brechas entre los trabajadores de los servicios públicos. 

La FeSP-UGT ha planteado al Gobierno diez cuestiones básicas que se deben incluir en todos los acuerdos que regulen el teletrabajo como son: 

  • El equilibrio entre seguridad y flexibilidad ey mejor de la productividad.
  • El carácter voluntario inicial o posterior y su reversibilidad
  • La igualdad de derechos respecto de otros trabajadores ( en materia de retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones). 
  • Pactos específicos: privacidad, confidencialidad, prevención de riesgos, instalaciones, formación e información. 
  • La protección de datos de carácter personal corresponde al empresario, no se trasladará al trabajador. 
  • Las posibles restricciones o no sobre el uso de los equipos o internet.
  • Los sistemas de control: hay que tener en cuenta la Directiva 90/270 sobre pantallas de visualización de datos. Todas las cuestiones sobre equipos de trabajo, responsabilidad y costes. También en materia de salud y seguridad, el empresario es responsable. 
  • La gestión del tiempo de trabajo por le trabajador y la prevención del aislamiento. 
  • Los representantes de los trabajadores deben ser informados y consultados sobre la introducción del teletrabajo (Directiva 2002/14/CE) en la empresa. Establecer sistemas de videoconferencias para evitar el aislamiento. 
  • Establecer un tablón de anuncios virtual , además del ya existente en la empresa. 
  • Además, se precisa una definión clara y concisa del teletrabajo la persona teletrabajadora, periodo de conexión, etc. 
Jun 10 2020

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Desde UGT apostamos por un teletrabajo digno:

  • Potencia la eficacia de la conciliación de la vida familiar o personal y la laboral.
  • Fomenta la igualdad.
  • Respeta los derechos de los trabajadores.
  • Protege su seguridad y salud.
  • No carga sobre el teletrabajador/a los costes propios del puesto de trabajo (equipos, mantenimiento, redes, suministros, etc.)
  • Impide el abuso, las jornadas excesivas y asegura el derecho a la desconexión.

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