Ene 16 2012

Ambas organizaciones consideran que esta medidas suponen algo más que una congelación.

Significa una reducción retributiva adicional de las personas que trabajan en el sector público, proyectando sus efectos a mútliples entidades y organismos.

Toni Ferrer y Carlos Bravo, secretarios confederales de UGT y CCOO, se han dirigido por carta al secretario de Estado de Economía solicitándole una reunión para abordar los recortes de los empleados públicos. Ambas organizaciones consideran que estas medidas suponen algo más que una congelación, significa una reducción retributiva adicional de las personas que trabajan en el sector público, proyectando sus efectos a múltiples entidades, organismos y sociedades mercantiles, más allá de las estrictas administraciones públicas”.

La carta dice así:

El anuncio de congelación salarial de los empleados públicos, establecido en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ha llevado aparejado un segundo recorte respecto a la suspensión de las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la contingencia de jubilación realizadas por las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del artículo 2. Este supone algo más que una congelación, significa una reducción retributiva adicional de las personas que trabajan en el sector público, definido de forma extensa tal y como hace el propio Real Decreto Ley y, con ello, intentando proyectar sus efectos a múltiples entidades, organismos y sociedades mercantiles, más allá de las estrictas administraciones públicas.

Así, el apartado tres de este mismo artículo recoge:

Tres. Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Se establece una prohibición para hacer aportaciones a planes de pensiones y seguros con contingencia de jubilación, de carácter genérica. No se tiene en consideración la diversidad de la naturaleza de dichas aportaciones, que han sido originadas en distinto momento, respondiendo a compromisos adquiridos con anterioridad o de nueva creación, que forman parte de las aportaciones corrientes o primas anuales o, por el contrario responden a la subsanación de déficits de financiación, pago de compromisos por planes de reequilibrio, o simplemente para el pago de prestaciones causadas.

Desde nuestro punto de vista la distinta naturaleza de estas aportaciones, contribuciones o primas, necesita de distinto tratamiento, para recuperar un mínimo de seguridad jurídica en estos instrumentos de previsión social complementaria.

Particular y urgente tratamiento merecen las aportaciones a algunos de los instrumentos concernidos por esta norma cuya finalidad responde a la cobertura de prestaciones de riesgo, incapacidad y fallecimiento. Si se impone una interpretación literal del precepto y, por tanto no se pueden hacer aportaciones de ningún tipo, no se podrán satisfacer los requisitos de las coberturas de seguro previamente contratadas desde estos instrumentos. Lo que significa que los trabajadores afectados por la suspensión indiscriminada de aportaciones podrían haber perdido la cobertura de las contingencias de riesgo.

Además, se ha generado una discriminación, ya que si la cobertura de las prestaciones de riesgo se ha realizado directamente a través de un contrato de seguro, normalmente con periodicidad anual renovable, es factible continuar haciendo aportaciones. Por el contrario, la cobertura de las mismas prestaciones realizada a través un plan de pensiones o de un seguro que contemple al cobertura de jubilación, sería imposible con la nueva norma.

Con el objeto de poner en común estas circunstancias, y subsanar las citadas situaciones de discriminación e inseguridad jurídica, te solicitamos una reunión, lo más urgente posible. Esperamos noticias para fijar la fecha concreta.”

LO PÚBLICO ES POR TI

 

 

 

Ene 04 2012

La Federación de Servicios Públicos de UGT manifiesta su rechazo a las medidas urgentes aprobadas el viernes por el Gobierno mediante Real Decreto.

La congelación de la masa salarial y la congelación de la oferta pública de empleo constituyen un atentado contra la calidad de los servicios públicos y contra los derechos del conjunto de la ciudadanía.


La Federación de Servicios Públicos de UGT considera una vulneración de los derechos de los empleados públicos la congelación de los salarios incluida el decreto ley de medidas urgentes que ha aprobado el Consejo de Ministros. Esta medida responde al objetivo marcado por el Gobierno de reducir el déficit público en 16.500 millones de euros en 2012; los empleados públicos vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado.  El Secretario de Estado de Función Pública ha aclarado que la congelación salarial afectará a todo el sector público.


"El problema -ha manifestado Julio Lacuerda, Secretario General de la FSP-UGT-es que los empleados públicos de este país tienen la certeza de que el sacrificio no ha sido compartido; no olvidemos que su salario fue recortado en un 5% en mayo de 2010". Julo Lacuerda ha manifestado la necesidad de saber si estas medidas son definitivas; es decir, si el Gobierno no dictará por decreto un recorte de los salarios públicos en los próximos meses.


En cuanto a la congelación de la Oferta de Empleo Público, Lacuerda ha denunciado que tras esta medida se esconde la intención del Gobierno de abaratar costes y privatizar servicios públicos. "La congelación de la Oferta Pública de Empleo supone la frustración de decenas de miles opositores. Habría que saber por qué el Gobierno toma esta medida si tanto le importa la elevada tasa de desempleo juvenil. Es una incongruencia".

 
La FSP-UGT critica que el Gobierno tome estas medidas sin haber llevado a cabo un análisis previo para establecer un diagnóstico global de los recursos humanos en el conjunto de las Administraciones Públicas. Desde UGT seguiremos apostando por la calidad de lo público, por unos servicios públicos eficientes y que den cobertura a todos los ciudadanos sin excepción y por unas condiciones dignas para todos los empleados públicos.


 

Dic 21 2011

Uno de cada cuatro empleados públicos son temporales y muchos mileuristas.

Extracto del informe "La defensa de los servicios públicos y su reforzamiento en los momentos de crisis".

Existe un discurso desde determinados sectores que intenta desprestigiar a los empleados públicos ante los ciudadanos, afirmando que son muchos, trabajan poco, no son productivos y tienen un estatus privilegiado por contar con un empleo estable. Sin embargo, los empleados públicos resultan no solo necesarios, sino imprescindibles.

Así lo refleja este extracto del informe sobre "La defensa de los Servicios Públicos y su reforzamiento en los momentos de crisis" que UGT presentó el pasado mes de octubre en la sede del Consejo Económico y Social (CES), donde se demuestra que el volumen de empleados públicos en nuestro país tiene margen de crecimiento y sus condiciones so son tan privilegiadas como se quielre hacer creeer.

En este sentido, en las administraciones públicas, la temporalidad es muy elevada, entorno al 24%, de forma que una de cada cuatro personas asalariadas en el sector público no tiene empleo estable. Esta cifra se ve incrementada en algunaos sectores, como la Educación, la Sanidad o la Administración Local, donde puede superar el 35%. Si a ello le añadimos que muchos de ellos perciben alrededor de 1000 euros al mes, el perfil del trabajador privilegiado desaparece.

Además, en España, la población empleada en el sector es inferior al 10%, mientras que la media de la Europa de los 15 es del 16% (en Grecia y Reino Unido es, del 14%, en Francia se alcanza el 17% y en Dinamarca el 25%), con un gasto público total inferior al resto de los países de la Unión Europea, siendo el país que menos gasta en salarios de los empleados públicos.

Por todo ello, desde UGT defendemos el papel de los empleados públicos y rechazamos las campañas de desprestigio hacia los trabajadores que prestan servicio a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en situaciones de necesidad, como es el caso de los que cuidan a los enfermos y a los mayores, que educan a los niños , jóvenes y adultos, que garantizan la seguridad y la justicia o que desempeñan las funciones de socorro y responden en situaciones de emergencia.