Abr 24 2012

Entrega del recurso a la defensora del pueblo, María Luisa Cava.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que “hemos tomado la determinación de tramitar, a través del Defensor del Pueblo, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno, un recurso asentado sobre ocho motivos muy bien argumentados, de mucha fuerza jurídica, donde demostramos de manera fehaciente la inconstitucionalidad fragrante del Real Decreto Ley de reforma laboral”.

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones tras presentar un escrito a la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, para que promueva la inconstitucionalidad de la reforma “en primer lugar, en base al procedimiento. No hay razones suficientes de extraordinaria y urgente gravedad para respaldar la fórmula de Real Decreto Ley, más aún cuando el propio Gobierno ya ha manifestado que la reforma no va a tener efectos en el corto plazo”.

Además, “por esta vía no se pueden recortar derechos fundamentales de la sociedad española y el procedimiento no está ni respaldado políticamente, ya que las instituciones europeas no solicitaron al Gobierno que propugnara la reforma por vía de Real Decreto Ley, sino que tramitara con urgencia el presupuesto de 2012” y el Gobierno “decidió jugar al gato y al ratón por razones electorales e imponer una reforma laboral injusta, desequilibrada y muy nociva para nuestro país”.

Esta reforma vulnera aspectos que ninguna de las 52 anteriores había vulnerado

En cuanto al contenido, Cándido Méndez ha considerado que esta reforma “es mucho más que una reforma laboral. Las 52 reformas laborales restantes se podían comparar entre sí y se podía encontrar dos factores que se preservaban siempre: el derecho a la tutela judicial efectiva y el valor de la negociación colectiva frente a la decisión unilateral del empresario”.

Pero en esta reforma, “las fórmulas de despido que se imponen suponen una vulneración clara de la tutela judicial efectiva y el hecho de que se impone la decisión unilateral del empresario supone una vulneración del derecho fundamental de la negociación colectiva”.

Por lo tanto, “hay motivos más que suficientes y muy sólidos que nos permiten alentar expectativas fundadas de que se declare inconstitucional este real decreto ley de reforma laboral”.

leer más

Abr 18 2012

UN SISTEMA FISCAL JUSTO Y EQUITATIVO HARÍA INNECESARIA CUALQUIER FORMA DE COPAGO.

UGT considera que el Gobierno ha iniciado un camino especialmente peligroso al plantear fórmulas de copago en el sistema sanitario español. Reformular la financiación de los servicios públicos esenciales con este tipo de planteamientos supone que los ciudadanos se enfrentan al sistema sanitario con un estatus diferente en función de su nivel de renta, rompiendo el principio esencial de igualdad. El problema es la resistencia ideológica del Gobierno a articular un sistema fiscal -justo, equitativo, suficiente, y progresivo- que garantizaría los recursos para financiar el sistema sin necesidad de recurrir a ningún tipo de distinción en función de los recursos individuales. El sindicato defiende el mantenimiento del sistema público sanitario universal, equitativo y solidario.

Las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad, al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado hoy, suponen para UGT el inicio de un camino especialmente peligroso en relación con una pieza básica del Estado de Bienestar de nuestro país, como es el sistema sanitario público. El sindicato insiste, una vez más, que nuestro sistema sanitario NO ES GRATUITO, que está financiado con los impuestos que pagamos los ciudadanos. A falta de conocer con detalle las medidas anunciadas en rueda de prensa, puesto que tampoco en esta ocasión ha dado cumplimiento a su obligación de informar de sus políticas a los órganos consultivos existentes, creemos necesario hacer algunas consideraciones:

  • Los medicamentos forman parte indisoluble del sistema sanitario, por lo que afirmar (como ha hecho la Ministra Mato) que no hay “copago sanitario” es un recurso semántico interesado que no puede ocultar la verdad: los jubilados no pagan por los medicamentos y el Gobierno reformará la ley para que a partir de ahora paguen. Se incorporan por tanto los 8 millones de pensionistas, a los que se les reduce las pensiones dos veces consecutivas, con la subida del IRPF y con esta imposición de copago farmacéutico.

  • El sindicato valora que se excluya del pago de medicamentos a los desempleados sin prestación económica y a los jubilados de pensiones no contributivas, pero hace recaer todo el peso de la medida las rentas medias. Por tanto, son de nuevo los trabajadores los que van asumir el coste de la crisis.

  • UGT comparte que la financiación de los servicios públicos debe ser progresiva, aportando más quien más tiene. Eso no es nada nuevo; la única novedad es que ese principio hasta ahora se articulaba a través del sistema tributario, encargado de proveer los recursos para la financiación de todos los servicios públicos. Como el Gobierno se niega a una reforma fiscal imprescindible para reparar los graves errores cometidos durante muchos años desarbolando el sistema, ha decidido trasladar el sistema directamente a la gestión sanitaria. Y, por los anuncios realizados, puede que se amplíe a otros servicios (por ejemplo, el debatido copago en el sistema judicial).

  • El copago, farmacéutico o sanitario, sitúa a los ciudadanos “a las puertas” del servicio que debe garantizar su salud en función de sus recursos económicos, lo que introduce un principio de desigualdad evidente. Debemos ser diferentes, en función de nuestra renta ante el sistema tributario, no ante el sanitario.

  • Es preocupante la definición de la Cartera Básica de Servicios, que divide en tres modelos la básica, suplementaria y la de servicios accesorios. En esta materia, dentro de dos meses, podría incorporar copagos dependiendo de la prestación sanitaria en los diferentes tramos de la cartera. Es decir podemos vernos con un sistema de beneficiencia y romper el principio de solidaridad que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, exigimos al Ministerio que, además de tranquilizar a los ciudadanos en ruedas de prensa, no esconda las medidas y las exponga convocando la mesa de Diálogo Social.

  • Los cambios en las prestaciones a ciudadanos no nacionales también es un motivo de grave preocupación para UGT, por lo que exigimos una aclaración urgente y lo más extensiva posible sobre los anuncios realizados en relación a las modificaciones de la Ley de Extranjería.

  • No se puede abordar la reforma de la ordenación de las profesiones sin contar con los profesionales ni los representantes de los trabajadores. UGT solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial.

  • UGT reitera al gobierno que no apruebe estas medidas sin haberlas abordado antes en las mesas de diálogo Social y en los órganos consultivos.

    Abr 18 2012

    La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que cualquier medida que se adopte en el Consejo Interterritorial del SNS tiene que pasar por el Comité Consultivo

    Ha criticado la actitud irresponsable del Presidente del Gobierno que anunció estos recortes en otro país y ha apelado a los miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúnen hoy, para que se rebelen contra los mismos.

    En este sentido, López ha recordado que cualquier medida que adopte este Consejo debe de pasar por el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte las interlocutores sociales.

    Carmen López ha hecho estas declaraciones en el acto de registro de una carta de la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos, dirigida a la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la que expresan el rechazo social a estos recortes.

    LEER MÁS

     

    Abr 13 2012

    Los PGE no solo se han ocultado al electorado andaluz por intereses electorales del PP, sino a todo el electorado nacional y no sólo ahora, desde el inicio de la campaña electoral del 20N ya que si desglosamos las partidas del PGE descubrimos que una gran mayoría de estas obedecen a fines contrarios a lo establecido en el programa electoral del PP, algo parecido a lo que ocurrió con la subida de impuestos, negada en el programa y la campaña. Me explico:

    El colectivo de usuarios de servicios sociales ha crecido hasta alcanzar casi ocho millones de personas, un 39% mas debido a la crisis y la cifra continúa subiendo. El Gobierno deja sin cobertura presupuestaria a 4,6 millones de personas necesitadas de los servicios sociales básicos y mínimos, enteramente a merced de los recursos autonómicos o municipales. En cuanto a la ayuda a domicilio de los 600.000 usuarios de 2011 ahora se excluyen ayudas para un tercio de los mismos. Algo similar ocurre con las ayudas a dependientes cuyo recorte por el Gobierno aumentará la cifra de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan su ayuda.
    Y lo peor, la dotación para los planes de empleo que es donde se plasman las soluciones que el Gobierno plantea para lo que decían es su prioridad, desciende el 21,3%.

    La dotación para la formación de desempleados, clave dentro de cualquier plan de empleo, desciende el 34%. Esto si tenemos en cuenta que para este año el Gobierno augura que se destruirán 631.100 puestos de trabajo supone un deliberado abandono de la lucha contra el desempleo. Bueno, alguien si que va a luchar en esta materia: Báñez ha declarado que perseguirá el fraude en el desempleo, el único que parece va a perseguir este Gobierno entre tanta amnistía. En cambio, las bonificaciones al empleo establecidas en la nueva reforma laboral crecen un 6,1% hasta 2.600 millones que irán, como no, a manos de los empresarios. Lo mejor la explicación del ministro Montoro: “hay cosas que no se pueden mantener, porque no se puede” y punto, en referencia a la eliminación de las políticas activas de empleo. Y por último los recortes de Fomento que conllevarán, según expertos, el cierre de más de 2.500 empresas en el sector de la construcción y el despido de más de 200.000 trabajadores.


    El caos vendrá cuando las CCAA tengan que gestionar todos estos recortes que se suman al recorte del 25% en la inversión del sector público estatal en las comunidades autónomas. Está todo calculado: a través de los PGE se crea la “causa de insuficiencia presupuestaria” que en aplicación de la Disposición Adicional II de la Reforma Laboral, nada precipitada, todo lo contrario, da vía directa al despido de empleados públicos y la consiguiente disminución de servicios a la ciudadanía. Lo que no resulta creíble es que con estas medidas la previsión de crecimiento del desempleo, se quede solo en los 631.100 desempleados más que calcula el gobierno para este año.


    El caos real será vivir en un país donde las puertas de la protección social básica mínima se han cerrado para más de 4, 6 millones de personas. Para el resto, a los que no nos hayan despedido por un ERE “legal” por insuficiencia presupuestaria, o por aplicación directa de la reforma laboral ya sabemos lo que nos queda: subida del IRPF del 10%, subida del recibo de la luz del 7%, subida del IBI, subida de los transportes (a RENFE se le reduce a 0 una aportación de 2011 de 600 millones, Aguirre subió ayer el 50% la tarifa del metro). Eso si no nos reducen el salario de forma unilateral y sin previo aviso del empresario o suben el IVA.

    Sumando todo se estima que seremos mas de un 25% mas pobres, gracias a ese programa electoral “oculto” de Rajoy quien por cierto, aun no ha explicado ninguna de estas medidas profundamente antisociales de las que solo algunas a modo de ejemplo se exponen aquí y de las que pienso que algo consciente debe ser el Presidente de que hacen un daño profundo a la sociedad, cuando todo un presidente que según él estaba “dispuesto a dar la cara por los españoles” ha de salir del Senado huyendo de la prensa y por la puerta de atrás.


    Nos queda el consuelo de haber descubierto con claridad para quien gobierna Rajoy: para las grandes empresas que cometen delitos fiscales millonarios que ahora se perdonan, para las grandes patronales, empresas y ricos a los que se niegan a poner un impuesto para las grandes fortunas y para la iglesia a la que han incrementado su presupuesto en los PGE en la misma cantidad que el destinado a los conciertos educativos.


    Los PGE condenan deliberadamente sin protección social, a la indigencia y esto no ha de ser una opción en nuestro estado. La ciudadanía no va a estar dispuesta a consentirlo. Desde FSP-UGT lucharemos con ellos. 




    M. Carmen Barrera Chamorro
    Secretaria Federal de Acción Sindical